Es conocida la sentencia pronunciada en 2011 por Warren Buffett, uno de los financistas multi-millonarios más reconocidos en el mundo: “Claro que hay una lucha de clases, pero es mi clase —la clase de los ricos—, la que está librando esta guerra. Y la estamos ganando”. El proyecto de reforma laboral promovido por el Poder Ejecutivo argentino es una prueba de ello. No se trata de algo nuevo, mucho menos de algo moderno como se pretende, sino de un eslabón más en un proceso que busca retrotraer las relaciones laborales al siglo XIX para someter la fuerza laboral a los designios de la clase capitalista.

En concreto, el proyecto que se está tratando en el Parlamento continúa el camino del Decreto de Necesidades y Urgencia de diciembre de 2023 y de la ley N° 27.742 del año pasado (ley “Bases”). Los objetivos son evidentes: reducir las remuneraciones salariales y no salariales vinculadas al contrato laboral, desmontando los beneficios creados para proteger a la clase trabajadora en la asimétrica relación laboral entre capital y trabajo.

Esta asimetría es evidente y reconocida ampliamente. Quienes demandan trabajo mercantil son quienes tienen mayor libertad y poder, en tanto tienen capital o rentas para sus gastos (además de poder contratar otras personas si lo desean). En contraste, quienes ofrecen su fuerza laboral no tienen opción porque el empleo mercantil es la única forma de obtener ingresos, salvo que se dediquen a actividades criminales (que por cierto suelen prosperar allí donde hay más injusticia en esa asimetría). No en vano suele decirse que el tiempo de vida dedicado al empleo mercantil es de “explotación” y el resto es “tiempo libre”, por lo que reglas laborales que busquen aumentar la libertad real de las personas deberían aumentar el poder de la parte más vulnerable y su tiempo libre.

Manifestación (1932)Antonio Berni

Esta asimetría es clave para entender los probables efectos de este proyecto si se transforma en ley. Bajo la falsa imagen de mayor “libertad”, se permiten “acordar” el ritmo de la jornada laboral diaria, habilitando una suerte de “banco de horas” que, teniendo como referencia una cantidad anual y descansos entre jornadas, permitiría extender el horario diario sin pagar horas extras y establecer la distribución de las vacaciones. Dada la asimetría de poder entre las partes contratantes, esto permitirá disponer del tiempo de trabajo de la fuerza laboral conforme a los intereses de los empleadores (y muy probablemente reducirá las remuneraciones totales sin incorporar nuevos trabajadores). Asimismo, aumentará el esfuerzo de los empleados y las dificultades para conciliar su tiempo de trabajo en el empleo con su tiempo de vida en otros ámbitos como el doméstico y el comunitario. En este escenario, tanto las personas empleadas como las desempleadas compartirán ciertas características: exhaustas, ansiosas, estresadas, frustradas y con una vida inestable.

"…estas reformas implican menor protección para la clase trabajadora en su puesto de empleo, menores remuneraciones, traslado de costos desde los empleadores a los trabajadores y al conjunto de la sociedad y una notable reducción de la capacidad negociadora de los trabajadores."

En el mismo sentido, la derogación de la ley de Teletrabajo generaría un vacío sobre aspectos no regulados por la actual normativa, reduciendo costos sin compensaciones y sin protecciones para el trabajo. Así, se ratificaría el carácter no laboral del llamado trabajo de plataforma y la relación laboral se enmascararía con la supuesta obligación de cubrir a los empleados con un seguro de accidente: la responsabilidad de la provisión de este seguro, y los gastos asociados al mismo, han de ser objeto de “libre acuerdo” entre las partes involucradas. Traducción: al no establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas, no lo va a pagar ni tendrá responsabilidad quien contrata el trabajo.

Por si fuera poco, se crearía el llamado Fondo de Asistencia Laboral, cuyo acrónimo (FAL) es todo un símbolo de su contenido. El FAL se integraría con una contribución mensual del empleador de 3% sobre el monto total de las remuneraciones: pero, como al mismo tiempo se reduce por un porcentaje similar la alícuota del pago de las contribuciones destinadas a la seguridad social, habría costo para quienes despidan personal. Por si fuera poco, los empleadores verán también reducidas las contribuciones patronales a las Obras Sociales, que pasan de 6% a 5%.

De este modo, con esta arma, el Estado subsidiaría plenamente los despidos sin causa y se desfinanciaría a la seguridad social que ya viene sufriendo fuertes recortes de recurso. Argentina se transformaría así en país sin restricciones ni costos para despedir empleados, mientras sigue promoviendo la decadencia del sistema público de previsión social y de salud.

Lo anterior se refuerza con otras medidas para debilitar aún más a la fuerza laboral. Por ejemplo, se incluye como causales de despido justificado (es decir, que no se paga indemnización) a quienes participen en bloqueos o tomas de establecimiento. También se debilitan los acuerdos colectivos dado que los de menor nivel (región, empresa) prevalecerán sobre los de mayor nivel (rama, región). Esto se refuerza con la promoción de sindicatos a nivel de firma y la declaración de no obligatorio del descuento en los salarios de las cuotas de afiliados a sindicatos. Asimismo, se mantiene el aumento del período de prueba de tres a seis meses, eliminándose el preaviso para aquellos en esta situación.

"No está mal flexibilizar las prácticas laborales para adaptarlas a nuevas tecnologías; lo que está mal es hacerlo en beneficio exclusivo del capital."

Por si fuera poco, se insiste con limitar el derecho de huelga. Entre otras cosas, se deberá garantizar la cobertura del 75% de las prestaciones en los servicios considerados como “esenciales”, para lo cual se agrega una larga lista de actividades. Así, a los servicios de telecomunicaciones, aeronáutica comercial, cuidado de menores y servicios educativos, el servicio de recolección de residuos, se suman actividades como producción de medicamentos, el resto del transporte, toda la industria alimenticia y su cadena de valor, los servicios bancarios, financieros, hoteleros, otras actividades afectados a compromisos de exportación.

En síntesis, las reformas propuestas implican menor protección para la clase trabajadora en su puesto de empleo, menores remuneraciones, traslado de costos desde los empleadores a la fuerza laboral y al conjunto de la sociedad. También, una notable reducción de la capacidad negociadora y de lucha de la fuerza laboral, facilitando los despidos con mayor inestabilidad ocupacional y de ingresos. Con esta reforma laboral se volverían más difusa la separación entre relaciones laborales formales e informales; y mucho más en el contexto recesivo y de caída de demanda que vive el país: en lugar de “formalizar” el empleo informal, probablemente se vuelva más informal el poco empleo formal que existe.

Esta regresión de los derechos laborales no tiene nada de moderno ni ayuda a lograr mayor productividad en el sistema económico, sino que profundiza la asimetría de poder en una relación social muy conflictiva y clave para la eficiencia económica. De este modo, va en contra de las tendencias históricas. Los sistemas democráticos capitalistas venían corrigiendo la asimetría de poder del mercado laboral con medidas como salarios mínimos, límites al tiempo de trabajo en el empleo, licencias y descansos, condiciones de salubridad, duración de contratos laborales, coberturas de daños laborales, etc.

El avance de estas normas promovió la prosperidad de las economías capitalistas en la posguerra habilitando la construcción de sociedades más justas y productivas. Entre otros impactos positivos, estas normas presionan para que los capitalistas obtengan beneficios por inversión y mejoras de productividad por incorporación tecnológica, en desmedro de la mayor explotación de la fuerza laboral. Por eso la mayoría de los países considerados más desarrollados lograron conjugar protección laboral y social, con competitividad internacional y mejoras de bienestar.

En las últimas décadas esta tendencia viene revirtiéndose y el proyecto de reforma laboral en Argentina es un eslabón más en estas tendencias. Últimamente, la mayor parte del crecimiento de la productividad fue apropiada por las ganancias de las empresas y por la cúpula de la jerarquía laboral, mientras crece la precariedad laboral con sobre-empleo, sub-empleo, desempleo, empleo ficticio, empleo de “prestigio” sobre-remunerado, etc. Esto no aumentó ni el crecimiento económico y la inversión en los últimos tiempos, que son mucho más bajos que en la época de mayor protección laboral y social.

El aumento de la explotación de la fuerza laboral como método de competencia económica es una falsedad más dentro de los dogmas económicos hegemónicos, y mucho más en un contexto internacional donde se aceleran las ganancias por avances tecnológicos que reclaman una fuerza de trabajo más educada, sana y creativa. No está mal flexibilizar las prácticas laborales para adaptarlas a nuevas tecnologías; lo que está mal es aumentar la explotación laboral en lugar de promover la inversión en capacitación, salud e innovación tecnológica. Con este proyecto de ley no aumentará la inversión productiva sino el conflicto social y las dificultades de vida de la mayoría de la población, al tiempo que no se creará más empleo de calidad.

Si se pretende modernizar la legislación laboral para que se adapte a los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales, el camino es otro: reducir legalmente la jornada laboral, aumentar vacaciones pagas, intercambiar horas de trabajo por puestos de trabajo, compartir puestos de trabajo, mayor participación del trabajo en la empresa, etc. Los mecanismos e incentivos para estas reformas son variados, incluyendo impuestos no por unidad laboral sino sobre la cantidad total de horas de trabajo en la unidad productiva. Las horas extras deberían reducirse, pero manteniendo condiciones de trabajo y promoviendo nuevas contrataciones.

También es importante ampliar el acceso a servicios sociales universales que reduzcan el gasto de las familias en áreas cuya eficiencia colectiva está probada como salud, educación, vivienda, servicios de cuidado, transporte, etc. Todas estas actividades tienen además potencial de generación de empleo genuino formalizado y ninguna va a promoverse con este proyecto laboral. Todo lo contrario, se degradarán aún más de lo que ya están.

El proyecto de ley de reforma laboral en Argentina va en sentido contrario a estas tendencias modernizadoras, refuerza la dominación y las medidas punitivas en favor del capital menos productivo. Así, la libertad de las personas no avanza, sino que retrocede siglos sin generar incentivos para mayor productividad y eficiencia económica.

No es solo el Poder Ejecutivo nacional el que responsable de este retroceso. También, gran parte de la supuesta oposición, que no trepida en perjudicar a la clase trabajadora negociando prebendas, migajas de coparticipación y acuerdos particulares de muy corto plazo que mantienen privilegios injustos e irritantes.