En la discusión pública, el problema de la corrupción suele ser abordado apelando a un lenguaje de denuncia, muchas veces subtendido por juicios morales. Este ensayo toma distancia de ese enfoque y propone algunas hipótesis sobre la envergadura y la naturaleza del problema de la corrupción en Argentina. Se pregunta, además, por las razones de las alzas y bajas del interés ciudadano en la temática. Finalmente, intenta responder a la pregunta de por qué la corrupción, como problema de política pública, no reviste igual interés para las distintas facciones de la elite dirigente.

¿Cuán corrupta es la Argentina?

Bajo el impacto de la llegada del libertario Javier Milei a la Casa Rosada, el orden político argentino se transforma a un ritmo vertiginoso. Ciertas costumbres, sin embargo, parecen inalteradas. Entre ellas se cuentan la corrupción y también los escándalos de corrupción, que desde hace varias décadas acompañan al país como la sombra al cuerpo. El año pasado estallaron dos escándalos de gran impacto en la opinión pública. El primero fue el caso ANDIS, en el que se investiga si, como todo parece indicar, Karina Milei y sus colaboradores más estrechos lucraron gracias a un sistema de adquisición de medicamentos para personas con discapacidad, con sobornos y sobreprecios. Para alivio del gobierno, en los últimos meses del año el foco de atención giró desde las fechorías atribuidas a la secretaria general de la Presidencia a las de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, que han hecho de la Asociación del Fútbol Argentino una muy redituable fuente de beneficios personales. Todo esto, bajo la protección, y quizás la complicidad, de importantes figuras de la dirigencia peronista.

No es fácil determinar de qué modo el sistema político y la administración de justicia procesarán estos escándalos, que comprometen tanto a figuras centrales del oficialismo como de la principal fuerza de oposición. Y no es fácil, entre otras cosas, porque los delitos de corrupción hace tiempo que no asombran a nadie y, en rigor, general más revuelo mediático que sorpresa o indignación. Parte del problema radica en el doble estándar con que los delitos contra el patrimonio común son abordados por los principales actores de nuestra degradada elite gobernante. Para muchos hombres del poder, solo importan los ilícitos cometidos por los que están en la vereda de enfrente. El principio según el cual los delitos de corrupción de los rivales son los únicos que vale la pena exponer también tiñe el tratamiento del problema por parte del periodismo faccioso, que tanta centralidad ha alcanzado en estos tiempos y cuyos ecos en las redes sociales tanto envenenan la conversación ciudadana. Son demasiados los políticos y comunicadores cuyos esfuerzos para denunciar los episodios de corrupción no se comparan con el celo con que explotan de manera selectiva el malestar que esta provoca. Ambos trabajan no para superar, sino para perpetuar un clima dominado por versiones interesadas y narrativas partisanas de los problemas del país.

"El precio que pagamos por este baldón supera varias veces el dinero que se escurre en sobornos…"

Frente a este panorama, conviene intentar mantenerse a distancia del griterío interesado que suele dominar la conversación pública sobre la corrupción para interrogarnos sobre cuál es la naturaleza y qué envergadura tiene esta problemática en nuestro país. Esta indagación sólo puede avanzar si deja de lado tanto el exceso retórico como el juicio moral. Una vía posible para encuadrar estos interrogantes es preguntarse qué nivel de corrupción sería esperable en una nación de características similares y cuán alejados estamos de ese umbral. Comparar los desempeños de Argentina en los rankings de desarrollo y de corrupción nos permite ofrecer una primera respuesta.

El Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya última edición data de 2023, sitúa a Argentina en el puesto 47 entre 193 países. Según esta conocida medición, que califica a los países según sus principales indicadores de salud, educación e ingreso, nuestro país forma parte de un pelotón de naciones de desarrollo medio-alto que también incluye a Chile y Uruguay, que ocupan las posiciones 40 y 48, respectivamente. Visto desde este ángulo, Argentina pertenece al cuarto superior de la tabla, lejos de Alemania (5), Australia (7) o Finlandia (12), pero aún más lejos de Egipto (100), Marruecos (120) o la India (130).

En cambio, nuestra posición en los rankings de corrupción nos desplaza hacia un vecindario menos agraciado. La evaluación más difundida es la elaborada por Transparencia Internacional, que, en su última medición, de 2024, situó a nuestro país en el puesto 99 sobre 180 naciones. En este plano, Argentina es un país de la mitad inferior de la tabla. Con 37 puntos sobre 100 (37/100), los niveles de corrupción argentinos no se corresponden con los de las naciones de desarrollo alto o intermedio: Chile (63/100) ocupa el puesto 32 y Uruguay (76/100), un muy meritorio puesto 13. La orgullosa conciencia de este logro, y el contraste con su vecino al otro lado del Río de la Plata, es lo que llevó en 2002 al presidente oriental Jorge Batlle a exclamar indignado que Uruguay y Argentina eran incomparables, pues “los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último”. Y, aunque sin duda exagerado, lo cierto es que Batlle tenía algo de razón: los niveles de corrupción de Argentina son de otra escala y se asemejan a los de naciones considerablemente más pobres, con sectores públicos más endebles, como Etiopía (99), la India (96) o Marruecos (99).

El índice de corrupción elaborado por Transparencia Internacional es menos confiable que el de desarrollo humano de Naciones Unidas. La naturaleza misma del fenómeno, difícil de cuantificar y de asir con información pública, hace que su elaboración dependa mucho de percepciones y estimaciones. Pero, más allá de las razonables objeciones que pueda suscitar, la evaluación de Transparencia Internacional transmite un mensaje inequívoco: Argentina es significativamente más corrupta de lo que sería esperable de acuerdo con su nivel de desarrollo. Cuanto más desarrollado un país, menor suele ser su nivel de corrupción. La razón de fondo de esta correlación es que el desarrollo está asociado con un Estado dotado de más capacidades y más resistente a la captura por parte de intereses privados; un capitalismo más dinámico y mercados más transparentes; una sociedad civil más organizada; y una ciudadanía más informada y más consciente de los lastres que acompañan a la corrupción y, por ende, menos tolerante hacia los negocios oscuros de los poderosos. En nuestro caso, sin embargo, esta correlación entre nivel de desarrollo y nivel de corrupción no se verifica enteramente. La comparación internacional no deja dudas de que Argentina es un país mucho más corrupto de lo que, de acuerdo a su nivel de desarrollo, debería (y puede) ser.

El precio que pagamos por este baldón supera varias veces el dinero que se escurre en sobornos, ya sean del 3% que parece haber cobrado Karina Milei o el aparentemente más habitual portazgo del 10%. Para entender el costo de este lastre hay que detenerse en al menos cuatro aspectos. En primer lugar, hay que tener presente que, en contextos donde prima la corrupción, los bienes y servicios adquiridos por el Estado suelen tener precios inflados, lo que obliga al sector público a realizar erogaciones muy superiores a los sobornos que se escurren por la alcantarilla. En segundo lugar, además de precios más altos, la corrupción suele venir acompañada de una mala asignación de recursos públicos: significa, por ejemplo, direccionar gastos hacia objetivos que sólo son prioritarios para los funcionarios venales que los promueven, en desmedro de otros de mayor valor social. En esta categoría hay que colocar el dinero público que se destina a la actividad política (sostenimiento de militantes rentados, gastos de propaganda electoral, sobornos a periodistas y comunicadores, sobresueldos para los dirigentes y su círculo de colaboradores, etc.), muchas veces en desmedro de gastos en salud, educación o seguridad, en infraestructura de comunicaciones o en promoción de la ciencia y la tecnlogía.

El tercer aspecto a considerar es que la corrupción debilita la identificación de los empleados del sector público con la idea misma de servicio público y contribuye a la promoción de dirigentes y funcionarios venales, a los que les interesa poco el bien común. Todo esto contribuye a la degradación de la política pública, de la calidad y la cantidad de bienes y servicios ofrecidos por el Estado, y de la confianza ciudadana en el Estado, incluso en áreas no directamente asociadas con este flagelo.

Finalmente, el cuarto aspecto refiere a los obstáculos que la corrupción impone al desarrollo económico. La principal consecuencia de la erosión de las capacidades estatales de regulación es el capitalismo de amigos y la concesión de privilegios. Un Estado penetrado por la corrupción requiere de empresarios venales, cuya existencia contribuye a reproducir. Muchas veces, la mala regulación, o la regulación deliberadamente sesgada en favor de ciertos empresarios o ciertos sectores, son tan dañinas como la ausencia de regulación. Estas prácticas constituyen obstáculos a la consolidación de un empresariado más dinámico y una economía más productiva y más competitiva, que ofrezca mejores bienes y servicios a la población. Basta pensar en estos cuatro aspectos para advertir que la corrupción genera costos y produce daños muy superiores a los de un soborno del 3% o del 10%.

Explicar la corrupción

El elevado nivel relativo de corrupción argentino no admite explicaciones sencillas. Hay que tomar distancia de la pereza intelectual asociada a la creencia en un “gen de la corrupción” inscripto desde el origen en nuestro ADN, ya visible, por ejemplo, en prácticas como el contrabando en los puertos del Plata en la era colonial. Más que un panorama estático, lo que los estudios históricos sobre el Estado sugieren es una historia de ascenso y caída, de progreso y retroceso. A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el país fue construyendo, no sin dificultades, una organización estatal capaz de desplegar políticas públicas más eficaces y de formar un cuerpo de funcionarios responsable y competente, imbuido de cierto esprit d’État, que alcanzó logros importantes en el plano de la formulación e implementación de política pública y el disciplinamiento de los poderosos. El estudio de José Antonio Sánchez Román sobre Los argentinos y los impuestos muestra esta historia desde el punto de vista de la cultura tributaria, que fue acrecentando su legitimidad al menos hasta los años peronistas. A lo largo de ese período, la administración de justicia también ganó en alcance e imparcialidad. El prestigio de la escuela pública, una de las caras más visibles del proyecto estatal argentino, revela este avance desde otro ángulo.

"Estas prácticas constituyen obstáculos a la consolidación de un empresariado más dinámico y una economía más productiva y más competitiva, que ofrezca mejores bienes y servicios a la población."

Por supuesto, la cultura institucional clientelista y patrimonialista nunca desapareció del todo, pero por décadas su capacidad de daño no parece haber sido muy considerable y, en todo caso, no mayor que en países de similar nivel de desarrollo. Las redes políticas y de amistad al momento de ingresar o ascender dentro del servicio público formaban parte de ese panorama, pero muchas veces convivían con una valoración positiva de las funciones de regulación realizadas por el Estado. Pese a los grandes conflictos que acompañaron el ingreso del peronismo en la vida pública, que cubrió a la administración con una gruesa mano de pintura de color justicialista, es difícil argumentar que, para la década de 1960, cuando ya se hablaba de Argentina como un país con muchos problemas, la corrupción ocupase un lugar de relieve entre ellos. Ese cuadro tenía lunares y quizás el más importante era la colusión entre las grandes empresas públicas creadas desde la década de 1940 y la red de empresas que les proveían insumos y servicios, ejemplo característico del capitalismo de amigos. En líneas generales, sin embargo, el diagnóstico que describía a Argentina como un país de niveles “normales” de venalidad y sin grandes escándalos de corrupción todavía era válido en las décadas de 1970 y 1980.

Desde entonces, algo cambió. En el último tercio de siglo, la politización de la administración pública, la baja de las remuneraciones y la erosión del compromiso del funcionariado con el ideal de eficiencia e imparcialidad, así como la creciente penetración de la administración pública por grupos de interés, dañaron la solidez de nuestra organización estatal. Hay que señalar que, cuando le tocó defender el ideal de un servicio público impersonal y de calidad, la alta burocracia (un actor con poco espíritu de cuerpo) no fue capaz de poner en marcha iniciativas dirigidas a revertir esta caída. La elite política, a la que le tocó gobernar en un contexto muy complejo e inestable, también contribuyó a este declive (más sobre este tema crucial abajo). En rigor, todo sugiere que, en esta historia de descenso, la década de 1990 representa un parteaguas. De hecho, así fue vivida por muchos contemporáneos. No deja de ser revelador que, en esos años, Carlos Nino escribiese su célebre Un país al margen de la ley (publicado en 1992) y que el eco de los escándalos de corrupción creciera de manera abrupta. Se inauguraba una nueva etapa.

Corrupción y ciudadanía

Antes de dirigir la atención hacia estos problemas, es importante tener presente que no alcanza con la constatación algo banal de que la corrupción florece cuando la organización estatal es débil y funcionarios mal remunerados, con poco compromiso con los ideales de imparcialidad y eficiencia, desempeñan sus tareas en un entorno caracterizado por un amplio margen de discrecionalidad, pocos controles efectivos y baja probabilidad de sanción. En una sociedad democrática, el problema no está solamente de ese lado del mostrador. La acción ciudadana importa, por acción u omisión. Y cualquier evaluación honesta no puede sino reconocer que, en nuestra experiencia histórica reciente, la voz del pueblo contribuyó poco a fomentar las mejores prácticas o a promover a los líderes más honestos o más comprometidos con esta causa. Para comprobarlo, basta recordar que, desde 1983, ningún oficialismo fue castigado en las urnas por escándalos de corrupción, por más notorios que estos fueran. Eso no sucedió ni siquiera con las administraciones de Carlos Menem (1989-1999) y Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), que llevaron la práctica de la corrupción a un umbral superior y fueron ampliamente denunciados por ello.

Menem convivió, durante toda la década que permaneció en la presidencia, con grandes escándalos de corrupción. Fue el primer gobernante que resultó expuesto, de manera sistemática, a un escrutinio periodístico sistemático por sus prácticas corruptas. El desembarco de Menem y sus riojanos en la Casa Rosada estuvo marcado por grandes escándalos, muchos de ellos asociados a los procesos de privatización de empresas públicas que ese grupo político (una anti-elite, según una feliz expresión de Ricardo Sidicaro) encaró en los primeros años de su gobierno. Sin embargo, el impacto electoral de ese martilleo permanente se reveló muy acotado, al punto de que Menem se impuso en cuatro elecciones seguidas: en 1991, 1993, 1994 y 1995.

"Todo esto se acompaña de un gran desorden macroeconómico, cuyas manifestaciones más evidentes son la alta inflación y los saltos en el tipo de cambio, que elevan o disminuyen el ingreso de manera abrupta."

Durante su gobierno, el peronista convertido al credo del mercado logró sumar, a sus tradicionales apoyos justicialistas, otros que no lo eran, mayormente ubicados en el centro-derecha del arco político y, con esa vasta coalición, logró reformar la Constitución y hacerse reelegir como presidente. Durante varios años, ningún dirigente opositor logró hacer de la corrupción una bandera electoralmente atractiva. Menem sufrió su primer traspié significativo en las urnas en 1997, en gran medida como consecuencia del otoño de su programa económico, que para ese año mostraba más sombras que luces. Fue entonces cuando, sobre el telón de fondo de una economía que caminaba hacia la recesión y hacía crecer el ejército de desempleados hasta valores nunca antes vistos, las fuerzas de oposición por fin encontraron espacio político suficiente como para ofrecer una propuesta alternativa, que cristalizó en la formación de la Alianza. En esas circunstancias, por primera vez, la denuncia de los aspectos corruptos del gobierno peronista se tornó políticamente rendidor. Fernando de la Rúa supo explotarlo en la campaña que en 1999 lo llevó a la presidencia. En su spot de campaña más recordado, “Dicen que soy aburrido”, prometió “encarcelar a los delincuentes y corruptos”.

Una parábola similar se observa en el caso de la otra anti-elite, también venida de la periferia del sistema político y del país, que conquistó la Casa Rosada en 2003. Los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner coincidieron con una sostenida expansión de la actividad y el empleo. Con la memoria todavía fresca del dramático colapso en que terminó el gobierno de Fernando de la Rúa, la rápida recuperación que comenzó durante el gobierno de Duhalde y se consolidó durante el de Kirchner le permitió a este hasta poco antes ignoto político santacruceño ganarse amplios apoyos y dar forma a una coalición que, esta vez, reunió a peronistas con votantes ubicados mayormente en el centro-izquierda del arco político. Los antecedentes de Kirchner no ofrecían muchos motivos para hacerse ilusiones sobre su identificación con la cultura de la transparencia: durante su largo paso por el gobierno de Santa Cruz había removido de mala manera al procurador general que se resistía a subordinársele, y se había negado a ofrecer información sobre la situación de los recursos del fisco depositados en cuentas en el exterior. Pero estos detalles no hicieron mella en su popularidad, acrecida gracias a la expansión económica y la restauración de cierta normalidad en la vida pública. En esos años, figuras como Elisa Carrió, crítica temprana y pertinaz de la corrupción kirchnerista, clamaron en el desierto.

El gobierno de los santacruceños solo vio reducido su atractivo en las urnas cuando las denuncias por corrupción (a las que, en este caso, hay que sumar las referidas a sus rasgos autoritarios y, luego, a cuestiones ligadas a abusos de poder) coincidieron con un malestar más profundo, también de naturaleza económica. Sucedió en el fatídico año 2009 (cuando, bajo el impacto de la crisis de las hipotecas en el hemisferio norte de 2008, el producto se derrumbó casi un 6 %) y, ya de manera irremontable, tras la sorprendente pero breve recuperación económica de 2010, a partir de 2012, cuando la economía nacional-popular entró en una parálisis de la que nunca logró recuperarse. Es interesante observar cuán rápido cambió el humor ciudadano en esos años, también marcados por la prematura viudez de Cristina Fernández. Tras alcanzar su cenit en 2011, para 2015 el ciclo kirchnerista parecía agotado y, mientras la economía se hundía en una larga recesión, la oposición amenazaba al gobierno con la creación de una “CONADEP de la corrupción”.

El ciclo de la indiferencia y la cólera

Estas experiencias sugieren que, al momento de tomar decisiones políticas, los electores argentinos de las últimas décadas valoran más lo que ofrece el crecimiento económico que los beneficios más indirectos, y para muchos etéreos, de la mejora de la calidad institucional. Esta preferencia debe entenderse a la luz de la incidencia de otros dos factores, de naturaleza económica y político-ideológica, respectivamente. El primero remite a una de las características más singulares de nuestra vida económica: Argentina combina un desempeño muy mediocre en el largo plazo con uno muy volátil en el corto y mediano plazo. No sólo es uno de los países que menos ha crecido en este último medio siglo sino que es, además, uno de los más inestables. Desde 1950, ha pasado uno de cada tres años en recesión (tres veces más tiempo que Méjico o Italia, diez veces más que Colombia); de los últimos cincuenta, en 21 se produjeron caídas del producto. Todo esto se acompaña de un gran desorden macroeconómico, cuyas manifestaciones más evidentes son la alta inflación y los saltos en el tipo de cambio, que elevan o disminuyen el ingreso de manera abrupta. Antes que un país gris y estancado, pues, Argentina semeja una montaña rusa, con caídas profundas y auges breves y con frecuencia intensos. Ningún país de similar envergadura y complejidad ha sufrido un retroceso tan profundo y, a la vez, vive bajo el imperio de lo que Pablo Gerchunoff y Lucas Llach han llamado un “ciclo de la ilusión y el desencanto” tan endiablado.

Este desempeño a la vez deprimente y ciclotímico tiene importancia para el tema que nos ocupa toda vez que hace que una población tan maltratada en su bolsillo otorgue una alta valoración a las fases de crecimiento, en las que cifra grandes (y cada tanto frustradas) expectativas de mejora del bienestar (recordemos, además, que se trata de una sociedad que históricamente posee muy altas expectativas de bienestar). De allí que, contra la memoria todavía fresca de las desgracias pasadas, los períodos de estabilización y, sobre todo, los de expansión, invitan a un romance entre ciudadanía y gobierno que resta audibilidad a otras temáticas, y que pone sordina a las denuncias de corrupción. Sucedió con Menen, sucedió con Kirchner. En esas circunstancias venturosas, parecen pensar muchos, mejor no importunar con demandas de transparencia a un gobierno que es capaz de estabilizar la economía y orientarla hacia una muy añorada expansión. Es el imperio del carpe diem. La renuncia al largo plazo.

"La Argentina no es el único caso en el que la temática del mal uso de los recursos comunes despierta poco interés entre las clases trabajadoras…"

Aunque usualmente percibida como un mal incurable, la corrupción sólo se torna verdaderamente irritante en la fase descendente del ciclo, esto es, cuando las dificultades económicas vuelven más penosa la vida cotidiana y el optimismo se evapora. En ese contexto, para muchos ciudadanos, la vinculación entre corrupción y crecimiento invierte su signo. A tono con la frustración de expectativas de mejora que caracteriza esos momentos de dificultades, suele producirse un cambio de humor y la perspectiva más bien pasiva que en los momentos de auge del ciclo se asentaba sobre razonamientos del tipo del cínico “roban pero dejan vivir” o incluso del más resignado “esto es así, no tiene arreglo” es desplazada por otra de impronta más contenciosa, estructurada sobre la premisa de que “lo que ellos se roban es lo que a mí me falta, es lo que me sacan a mí”. Crece la denuncia de una elite gobernante percibida como indiferente al dolor popular. En estas circunstancias, la corrupción se vuelve más irritante y se convierte en un atractivo objeto de explotación política. Es un clima que benefició a Fernando de la Rúa (1999) y Mauricio Macri (2015) y, más recientemente, también a Javier Milei (2023).

Identidad política y corrupción

Estos tres nombres sugieren que el peso relativo de la corrupción como tema de interés ciudadano se vincula con el ciclo económico pero también con determinadas preferencias político-ideológicas. En un país en el que la corrupción es un fenómeno ubicuo no sorprende que todas las fuerzas políticas tengan sus personajes oscuros, sus Angelicis y sus Ritondos. Sin embargo, no hay duda de que, como cuestión de política pública, la crítica a las prácticas corruptas posee más relevancia para el espacio político no peronista que para el peronista. Y también que el justicialismo tiene un record considerablemente más problemático en temas de corrupción.

No es azaroso que los dos proyectos de poder más exitosos de la era democrática inaugurada en 1983, los de Menem y Kirchner lograran resistir por largo tiempo y sin mayor daño en las urnas las impugnaciones a sus prácticas notoriamente corruptas. Los votantes peronistas siempre los acompañaron. En tiempos más recientes, el cerrado rechazo del justicialismo a encarar una revisión honesta de las razones que llevaron a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner y sobre los numerosos ilícitos que comprometen a sus máximos dirigentes (los negociados por cientos de millones de dólares con las SIRAS en el caso del exministro Sergio Massa y su círculo, o los negociados con seguros en el caso del expresidente Alberto Fernández, para mencionar solo algunos) corrobora que ese tipo de examen de conciencia tiene escaso valor en el seno de esa comunidad política.

Un panorama similar se observa cuando giramos la atención hacia las mediciones de Transparencia Internacional. Iniciadas en 1995, muestran que la Argentina retrocedió en el ranking de corrupción en las administraciones peronistas y mejoró en las no peronistas. La experiencia de Fernando de la Rúa fue demasiado breve como para extraer conclusiones firmes. La presidencia de Macri, en cambio, ofrece un contraste visible con sus antecesores y sucesores. Gracias a la sanción de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y de otras medidas orientadas en el mismo sentido, entre 2015 y 2019 la Argentina subió 40 lugares, del 106 al 66, en el ranking de Transparencia Internacional. Pasó de los 32/100 puntos que heredó de Cristina Fernández de Kirchner a los 45/100 con que el gobierno de Cambiemos se despidió del poder. Casi todo ese avance se perdió durante la presidencia de Alberto Fernández, que, con 37/100, volvió a empujar al país hacia abajo, hasta el puesto 99.

Al momento de explicar estas diferencias en la valoración de la importancia e implicancias de la corrupción, el camino más productivo es dejar de lado los razonamientos centrados en las personalidades o los prejuicios antropológicos y enfocarnos en los factores político-ideológicos y sociológicos que distinguen a ambas comunidades políticas. Como es sabido, la Argentina ha sido siempre (al menos hasta ahora) un país con formaciones de izquierda y derecha relativamente débiles. Sin embargo, la dimensión proyectual de la política importa, y mucho, al punto de que ayuda a explicar la constitución de la principal división política argentina, la que desde mediados del siglo XX enfrenta al polo peronista con el más inestable y cambiante no peronista, que tiene implicancias para el tema que nos concierne.

Los valores e idearios que estructuran las identidades de estos dos agrupamientos provienen, mayormente, del ideario nacional-popular, en un caso, y del liberal, en el otro. Por su mayor afinidad con el mundo político anterior a 1945, pero también porque a partir de la irrupción del peronismo vivieron bajo la presión de su condición minoritaria; por su mayor inserción en los estratos medios y altos y por su énfasis en la libertad económica y su crítica al incremento del gasto público, los partidos inspirados en el ideario liberal han desarrollado una mayor sensibilidad por los temas de calidad institucional. Surgida en polémica con las formaciones políticas referenciadas en la tradición liberal, la visión nacional-popular de la república se estructuró en torno a un conjunto de principios alternativos: en primer lugar, la idea de justicia social, pero también un nacionalismo de tintes más telúricos y un mayor énfasis en la primacía de la razón estatal por sobre los derechos del individuo. Dentro de este radar cuyo eje es la justicia social, la corrupción no es invisible, pero tiene menos significación.

El origen social de los dirigentes y militantes del universo nacional-popular, de raíz mucho más plebeya, también trabaja en el mismo sentido, pues inclina la balanza en favor de la primacía del principio de justicia social por sobre el de calidad institucional. La Argentina no es el único caso en el que la temática del mal uso de los recursos comunes despierta poco interés entre las clases trabajadoras, que muchas veces la perciben como un problema de segundo orden frente al más perentorio de la justicia social. De allí que, también por este motivo, la relevancia política del problema de la corrupción sea, en esta comunidad política, relativamente baja.

Finalmente, el azar cuenta: el hecho de que el justicialismo dominara el Estado en momentos de abruptos cambios en la relación Estado-mercado (la década menemista) y de enorme expansión del gasto (la década kirchnerista) creó enormes oportunidades de lucro personal que su dirigencia, poco limitada por los valores y las prácticas que dan forma a su cultura institucional, y poco sensible a razonamientos que enfatizan las restricciones presupuestarias, no desaprovechó. A ello hay que agregar que, por razones también azarosas, las dos grupos dirigentes que dominaron al justicialismo en las últimas cuatro décadas —la menemista y la kirchnerista— no sólo surgieron de la periferia del sistema político sino que forjaron su manera de concebir la acción política en el gobierno de distritos marginales, con mucho Estado y poco mercado, en los que la explotación de los recursos públicos en beneficio propio siempre fue segunda naturaleza. Y como no podía ser de otra manera, cuando ingresaron a la Casa Rosada riojanos y santacruceños llevaron consigo ese legado de opacidad y patrimonialismo.

Un presente que no invita al optimismo

La política argentina está cambiando, y es difícil hacer pronósticos sobre qué nos deparará el futuro. Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, se ha impuesto una visión muy crítica del funcionamiento y los logros de nuestra organización estatal. Poniendo el foco en los profundos desarreglos macroeconómicos de las últimas dos décadas y, sobre todo, en la colusión entre funcionarios públicos y actores privados, la receta del gobierno de La Libertad Avanza para combatir la corrupción consiste en ampliar el espacio del mercado y reducir el tamaño y la incidencia del Estado. Dejar atrás un largo período marcado por el déficit fiscal estructural, la alta inflación y la sobrerregulación de los mercados de bienes y servicios es condición necesaria para insuflarle dinamismo al anémico capitalismo argentino. Sin embargo, el caso ANDIS muestra que, en lo referido a la corrupción, las viejas mañas también anidan en el nuevo oficialismo.

En alguna medida, estas continuidades pueden achacarse al hecho de que, como ha sucedido en otras ocasiones, la formación de un nuevo polo de poder erigido contra los núcleos más poderosos del establishment político suele atraer aventureros sin escrúpulos, que se suben al barco del nuevo oficialismo intentando sobrevivir al naufragio de la vieja élite o en busca de oportunidades de carrera que la anterior organización del sistema de poder no les ofrecía. Pero hay algo más. El decreto presidencial de 2024 que limita el acceso ciudadano a la información, así como la renuencia del gobierno a dar explicaciones por el caso Libra, que involucra directamente al presidente, lo mismo que su reacción frente al caso ANDIS, revelan que La Libertad Avanza se siente más a gusto con la opacidad que con la transparencia. Con Javier Milei en la Casa Rosada, el papel de la Oficina Anticorrupción sigue desdibujado, y los intentos de designar en la Corte Suprema un juez tan oscuro como Ariel Lijo, considerado ampliamente como corrupto e incapaz, muestran que el gobierno no tiene ningún interés en construir una administración de justicia más eficiente y transparente. En temas de corrupción, pues, el mileísmo blande una sierra desafilada. Como vimos en las elecciones de medio término, la ciudadanía no le impuso una penalidad demasiado alta por esta renuncia. Es la misma lección que dejaron los comicios de 2023 en la provincia de Buenos Aires, en la que el peronismo concurrió a las urnas en medio del escándalo provocado por las fotografías del dirigente bonaerense Martín Insaurralde disfrutando de los placeres del Mediterráneo en el yate Bandido, sin que ese episodio tuviese mayor impacto electoral.

Estos episodios revelan que, en lo referido a la corrupción, la Argentina ha cambiado menos de lo que algunos proclaman y otros deseamos. Nos permiten constatar, nuevamente, que el escándalo tiene poca eficacia para combatir estas prácticas delictivas. Ofrece combustible, muchas veces efímero, para el debate partisano y las acusaciones cruzadas, pero no produce la energía suficiente como para impulsar una renovación de nuestra degradada clase dirigente o para elevar la calidad de la política pública. Para avanzar en esta dirección hacen falta instituciones de control sólidas e independientes que, junto con una justicia más proba, constituyen instrumentos indispensables para atenuar la rapacidad y el egoísmo de muchos políticos y funcionarios públicos, y para limitar sus oscuros negocios con capitalistas, dirigentes sindicales y otras figuras del poder. Hoy no tenemos más que fragmentos aislados del ecosistema institucional que es imprescindible para realizar esta tarea.

"el escándalo tiene poca eficacia para combatir estas prácticas delictivas. Ofrece combustible, muchas veces efímero, para el debate partisano y las acusaciones cruzadas, pero no produce la energía suficiente como para impulsar una renovación de nuestra degradada clase dirigente o para elevar la calidad de la política pública"

Pero además de real capacidad de sanción, hace falta revertir la actitud tolerante de muchos y construir un consenso más amplio y más sólido en torno a la importancia de la agenda de combate contra la corrupción. También en este aspecto toda expresión de optimismo peca de ingenua, y conviene no hacerse ilusiones sobre las posibilidades de forjar un sentido común ciudadano menos complaciente en el corto plazo. Mientras las preocupaciones de amplios sectores de la población sigan, por razones muy comprensibles, centradas en los enormes problemas que nos impone, una y otra vez, un desempeño económico que se parece demasiado a la cruel suerte de Sísifo, los temas de corrupción, así como también muchos referidos a calidad democrática, deberán seguir esperando. De hecho, en este momento muchos argentinos siguen convencidos de que la tarea más importante del momento es robustecer la todavía frágil estabilización de que hoy disfrutamos, sin pedir mucho a cambio de su esfuerzo.

Sin embargo, sería penoso que este presente gris suponga el punto de llegada de lo que nuestro país es capaz de hacer en términos de combate de la corrupción. La lección que se impone al mirar nuestro pasado es que ello será muy difícil si, además de liderazgos más potentes, no cambian ciertas condiciones materiales que permitan transformar nuestro interés ocasional en el tema en una preocupación más sostenida y más de fondo. Ojalá en las próximas décadas podamos disfrutar de los beneficios que ofrece el crecimiento sustentable, y que ese contexto de mayor normalidad abra un mayor espacio para una agenda de cuestiones públicas menos dominada por la urgencia económica, paso imprescindible para que las voces que hoy impugnan la corrupción encuentren más escucha en un sector más amplio de la ciudadanía y para que esa agenda se exprese en las urnas y en la plaza y, por esta vía, en la política pública. Porque sin la presión combinada de un estado más sólido y una ciudadanía más activa, y sin un sector más amplio de la dirigencia comprometido con este objetivo, la Argentina va a seguir hundida en la parte inferior de la tabla, como un ejemplo de país más corrupto de lo que debiera y podría ser. Salir de ese lugar es importante porque, además del daño que nuestros niveles de corrupción hoy producen, en las próximas décadas este lastre amenaza tornarse más dañino como consecuencia del desafío que supone el avance del narcotráfico y otras formas del crimen organizado de escala transnacional, que redoblarán la presión sobre un estado debilitado, que ya tiene poco músculo. La corrupción no es el principal problema argentino pero, a la luz de nuestros fracasos de las últimas décadas y de las amenazas que penden sobre el futuro, mejorar nuestro desempeño en este frente está muy lejos de ser un asunto trivial.