Es difícil sobreestimar el lugar de los grupos de interés en la política. La reforma laboral propuesta por el gobierno fue criticada por responder a los intereses de los empresarios y está siendo resistida por la CGT. Techint perdió hace algunos días una licitación para hacer un gasoducto, y tanto UIA como los sindicatos empezaron a evaluar la forma en la que iban a reaccionar, ya que la elección de una empresa india en la licitación afectaba sus intereses. Si miramos al extranjero, el acuerdo UE-Mercosur recibió una fuerte oposición de parte de los productores rurales, quienes lograron que países como Francia votaran en contra de su aprobación. El accionar de diferentes corporaciones parece estar en el centro de nuestra vida política.

La extendida presencia de grupos de interés en la vida política no parece problemática para quienes sostienen una concepción agregativa de la democracia. Al final del día, estos grupos (al menos cuando funcionan virtuosamente) defienden los intereses de aquellos a quienes representan e intentan influir en las decisiones que los afectan. El lugar de los grupos de interés en la democracia, sin embargo, despierta más rispideces para quienes sostienen una concepción deliberativa. Una concepción de este tipo espera que las decisiones surjan de las mejores razones disponibles y no de la agregación de intereses particulares. En ese sentido, la democracia deliberativa abandona el carácter individualista de las teorías agregativas y concibe a la democracia como una tarea pública. El rol de un conjunto de grupos que están diseñados para defender los intereses particulares de un grupo representa, por lo tanto, un desafío particular para la democracia deliberativa.

Una primera aproximación a este problema podría ser simplemente rechazar la legitimidad de los grupos de interés como actores relevantes de nuestra democracia. Dado que esperamos que los actores democráticos estén preocupados por el interés general y no por sus beneficios particulares, no deberíamos promover que los grupos de interés controlen la discusión pública en la manera en la que lo hacen.

Esta respuesta, sin embargo, pecaría de simplista. En primer lugar, existen situaciones en las que el bien común está compuesto por los intereses individuales.¹ Imaginemos que estamos cursando a una materia y que la profesora no puede ir a la siguiente clase, por lo que necesitamos reprogramarla. Una solución razonable sería usar un programa en donde cada uno diga cuándo puede asistir y elegir el día que sea mejor para la mayoría. En un caso así, no existe una solución mejor por fuera de los intereses individuales, por lo que la expresión del interés individual es en sí misma una forma de aportar información sobre el bien común.

Hay un tipo distinto de situaciones que suele quedar opacado cuando pensamos en política pública: aquellas en las que las opciones disponibles no responden a una lógica de suma cero. Muchas veces, es cierto, decidir implica repartir recursos escasos u optar entre valores en tensión. Pero no siempre es así. En algunos casos, existen alternativas en las que todos los actores involucrados pueden ganar. En ese contexto, la expresión del interés propio deja de ser un obstáculo y pasa a cumplir una función distinta: al hacer visible una determinada preocupación, contribuye a ampliar la información disponible en el espacio público y a orientar la decisión hacia soluciones que toman en cuenta ese interés sin perjudicar a otros.

Los programas de estabilización económica ofrecen un ejemplo útil para pensar este tipo de dinámicas. Muchos de ellos incluyen acuerdos de precios y salarios, lo que permite reducir la inflación. Si esto se hace sin alterar la distribución de la riqueza, el resultado es preferible para todos frente a escenarios de inflación elevada. Sin embargo, estas soluciones no surgen de manera espontánea: requieren coordinación. Y es aquí donde los grupos de interés muestran otra de sus funciones posibles. No solo ayudan a identificar salidas que mejoran la situación general, sino que también hacen viable su implementación, al canalizar compromisos y expectativas sin los cuales ese tipo de acuerdos difícilmente podría sostenerse. Por supuesto, esto asume que todos los grupos afectados participaron de esta discusión, lo que no es siempre así. Sin embargo, es al menos posible imaginar una situación como la que describí.

A pesar de que en los contextos que acabo de describir la persecución de un interés particular en tanto tal no resulta problemática, no todos los contextos caen bajo estas descripciones. Muchas veces, la persecución del interés de un grupo de actores perjudica a otros y por lo tanto necesitamos una forma de resolver que sea distinta a la persecución de intereses particulares. Pensemos en la reforma laboral. Es posible que esta reforma afecte a los actuales trabajadores registrados. En ese sentido, el grupo de interés que representa a los trabajadores registrados tendría motivos para oponerse. Sin embargo, también es posible que afecte positivamente a los trabajadores no registrados si es que la reforma es efectivamente un buen medio para promover la formalización del trabajo. Un aumento en la demanda de trabajo incluso llevaría a que algunos desempleados se incorporen al mercado de trabajo. Más aún, tal vez sea una buena o una mala reforma en materia de aportes jubilatorios, lo que afectaría no solo a los trabajadores, sino a los jubilados.

Cuando no nos encontramos en una situación como estas, sin embargo, perseguir el interés de un grupo llevará a menoscabar el interés de otro. La persecución de intereses privados, sin embargo, puede representar una oportunidad para la deliberación pública. La reivindicación de un grupo de interés puede reflejar un problema más amplio y general. Si los docentes hacen huelga porque no pueden vivir con su salario, eso dice algo sobre la situación de la educación. Si bien el ingreso de un conjunto particular de trabajadores no es, en sí mismo, un problema público², el hecho de que tengamos un sistema educativo disfuncional, en el que existen pocos incentivos para trabajar, es una cuestión que afecta los principios básicos de nuestra organización colectiva. Así, a través de la persecución de un interés particular, podemos descubrir algo acerca de un grupo más amplio.

Sin embargo, no todos los casos son como el del reclamo salarial de los docentes. Es posible pensar en casos en los que el autointerés no está relacionado al interés público. En primer lugar, existen casos en los que está justificado afectar intereses particulares, más allá del reclamo de ese sector. Por supuesto, cuáles son esos casos dependerá de la ideología de cada uno, pero estoy seguro de que todos tenemos algunos casos en mente. Por ejemplo, subir las alícuotas del impuesto a las ganancias perjudicará a los trabajadores de ingresos más altos, pero puede estar justificado por criterios distributivos. Un segundo grupo de casos presenta un desafío mayor. En estos casos, es posible que el reclamo del grupo particular refleje un problema general, pero que la solución ofrecida no tienda a solucionarlo, sino simplemente a solucionar el problema para ese grupo. Un ejemplo de este tipo de situación apareció con el “dólar soja”. Allí, la brecha cambiaria representaba un problema para todos los que exportaban. Sin embargo, en lugar de usar el caso de los sojeros para discutir el cepo como política pública, los exportadores negociaron una solución que los alcanzó solo a ellos.

Los grupos de interés, entonces, pueden jugar un rol virtuoso en la vida pública, pero solamente en la que medida en la que actúen de forma pública. Muchas veces escuchamos que las políticas deben ser discutidas “con todos los sectores”. Sin embargo, es imposible discutir en privado con todos los sectores afectados. La centralidad de los productores rurales en la Unión Europea no debería hacernos perder de vista que todos los europeos podrían acceder a alimentos más baratos si se aprobara el tratado con el Mercosur. Por el contrario, para que los intereses particulares revelen problemas generales y contribuyan a buenas decisiones, deben expresarse de forma tal que expresen una preocupación general y no sectorial.

La deliberación pública exige justificar las demandas en términos aceptables para todos, lo que excluye ciertos intereses egoístas y somete los restantes a crítica y refinamiento. Esta “traducción” de intereses privados en argumentos públicos es necesaria para la deliberación y puede vincular problemas individuales con problemas colectivos. Más aún, aunque la democracia deliberativa no reduce la participación al interés personal, los incentivos privados siguen influyendo en el comportamiento político. Los grupos de interés, precisamente porque están afectados, tienen información relevante y fuertes incentivos para participar públicamente.³ Fomentar su intervención en la esfera pública puede aumentar la participación, mejorar las decisiones y reducir la alienación ciudadana, contribuyendo a un mayor sentido de apropiación democrática.

Un problema que aparece en este punto es que no todas las personas están representadas por la suma de estos grupos. Incluso si los grupos de interés plantearan sus demandas particulares en términos públicos, estas demandas tal vez afecten a grupos no organizados, sesgando las decisiones en favor de los grupos organizados. Una forma en la que esto sucede es la falta de agrupación de algunos intereses. Tal vez el ejemplo más obvio de esta situación sean los problemas de justicia intergeneracional, ya que los no nacidos y los menores no pueden organizarse políticamente. Pero también es posible pensar, en el contexto actual, en los desempleados o grupos cuyo beneficio de una cierta política será menor en términos individuales, aunque grande en un sentido agregado. Este problema parece difícilmente resoluble, y en estos casos la participación de los grupos de interés sería mucho más problemática.

Existe una segunda forma en la que la totalidad de los grupos de interés puede no representar a la totalidad de la población. Cuando pensamos en grupos de interés, pensamos en instituciones como la UIA, la CGT o la Sociedad Rural. Sin embargo, es posible que exista un problema representativo, y que esas organizaciones realmente no representen los intereses de su grupo.⁴ En un caso de este tipo, los grupos de interés ya no cumplirían las funciones virtuosas que describí más arriba, sino que simplemente operarían como distorsionadores del debate público, dejando los intereses de los representados de lado.

Obviamente ninguna práctica política no encaja a la perfección con los tipos ideales que construimos. Sin embargo, sí es posible usarlos de guía para pensar nuestra práctica política. Así, cabe preguntarnos dónde se ubica el corporativismo argentino en esta clasificación. Responder esta pregunta me excede tanto a mi como a este artículo. Sin embargo, sospecho que nos encontramos más cerca de las situaciones problemáticas que de las virtuosas. En ese contexto, creo que es momento de pensar tanto el funcionamiento de estos grupos de interés como su rol en la conversación pública. Si estos grupos no cumplen una función virtuosa, la democracia se transforma en la mera enunciación de problemas particulares seguidos de una negociación desnuda, y su carácter público desaparece.