¿Cuántas personas están hoy encarceladas injustamente porque la ciencia fue mal aplicada en los tribunales? El dato sobre condenas erróneas es que no existen datos sistematizados, pero sí abundan las historias. A partir de esa premisa, el autor conduce al/a la lector/a por un recorrido de casos emblemáticos, nacionales e internacionales, que permiten dimensionar la magnitud del problema. Publicado en 2025 por la Editorial El Gato y la Caja, el libro Inocentes: la ciencia forense en el laberinto judicial es el resultado del trabajo conjunto entre su autor, Pablo Esteban —doctor en Comunicación por la UNLP—, la editorial —reconocida por combinar ciencia y diseño como herramientas de análisis y comprensión del mundo— e Innocence Project Argentina, una organización dedicada al estudio y litigio de casos de condenas erróneas.

Desde las primeras páginas, se advierte con claridad el propósito de la obra: tender un puente entre la ciencia forense y el debate público y judicial, al mostrar la fragilidad de ciertas pruebas que ingresan al proceso penal y que resultan decisivas al momento de condenar o absolver a una persona. Uno de los aportes más relevantes del libro es poner al alcance de un público amplio —incluida la comunidad jurídica— una reflexión crítica sobre las tensiones entre ciencia y justicia, evitando tecnicismos innecesarios.

La estructura de la obra se organiza en una introducción, cinco capítulos temáticos, un cierre dedicado a los desafíos de comunicar estas problemáticas y un fichero de casos que reúne catorce condenas erróneas basadas en un uso defectuoso de la ciencia. Bajo la categoría de “ciencia forense mala o defectuosa” se incluyen disciplinas inválidas o poco confiables, técnicas de análisis sin validación suficiente, testimonios expertos exagerados, imprecisos o equivocados, errores en la realización de pruebas o en la interpretación de resultados y, en algunos casos, conductas indebidas de peritas/os o laboratorios. Un hilo conductor atraviesa toda la obra: cuando la investigación es deficiente, la prueba pierde solidez y abre la puerta a condenas injustas, que pueden llevar a personas inocentes a pasar años —o incluso toda su vida— en prisión.

Los casos incluidos en el fichero se entrelazan con los capítulos y funcionan como disparadores de interrogantes centrales. Cada eje temático aborda problemáticas específicas: la fragilidad de la memoria y su incidencia en los testimonios y en las ruedas de reconocimiento; el alcance y los límites de la prueba de ADN, junto con los debates en torno a las bases de datos genéticas en Argentina; la controversia científica sobre la odorología y la admisibilidad de los perros detectores como prueba pericial; los cambios en el consenso científico respecto del diagnóstico del Síndrome del Bebé Sacudido y su impacto en la judicialización de causas; y, finalmente, las dificultades que enfrentan las/los operadores/as judiciales al entrevistar a niñas y niños presuntas/os víctimas o testigos de abuso. Cada capítulo concluye con la sección “Ciencia y justicia”, en la que se profundizan los desafíos de la interacción interdisciplinaria. El intercambio entre abogadas/os, peritas/os, científicas/os y comunicadoras/es atraviesa cada uno de los temas abordados, y en esto reside el valor agregado de esta publicación.

A lo largo del libro, en cada historia real relatada, se evidencia también otro factor que atraviesa estas condenas: los sesgos de clase y de género presentes en la actuación de las/los operadores/as judiciales. Como explica Esteban, estos prejuicios profundizan lo que denomina “la teoría de la visión del túnel”: una construcción del caso a partir de aspectos iniciales que llaman la atención, tras lo cual se abandona la investigación objetiva y solo se buscan pruebas que refuerzan la hipótesis de origen.

A continuación, se presentarán algunos de los casos emblemáticos a partir de los cuales Esteban organiza su investigación. Luego, se señalarán algunos de los temas tratados en cada capítulo y, finalmente, se ofrecerán reflexiones sobre el aporte del libro a la comunidad jurídica.

Cuando la justicia encarcela a inocentes

En 2001, Cristina Vázquez fue condenada en Misiones por un homicidio que no cometió. Tenía apenas diecinueve años y ninguna prueba sólida la vinculaba al hecho. Su condena se basó en testimonios débiles, interpretaciones sesgadas y pericias poco confiables. Pasó más de una década en prisión hasta que, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la absolvió por insuficiencia probatoria. Pero el daño ya era irreversible: pocos meses después de recuperar la libertad, Cristina se quitó la vida.

El suyo no fue un caso aislado. Fernando Carrera, condenado en 2007 por la llamada “masacre de Pompeya”, estuvo once años en prisión debido a errores judiciales apoyados en testimonios tergiversados y pericias balísticas irregulares. Martín Muñoz recibió prisión perpetua en 2010 tras una rueda de reconocimiento plagada de inconsistencias que impedían garantizar su fiabilidad. Santos Clemente Vera permaneció más de diez años privado de libertad por una prueba genética de origen dudoso. Marcos Bazán fue declarado culpable pese a las irregularidades de la prueba odorífica y la ausencia de otras evidencias. Y la lista podría continuar. Estos y otros casos, relatados en el libro, muestran cómo la ciencia forense, lejos de aportar certezas, puede convertirse en un terreno fértil para el error y la arbitrariedad cuando se aplica sin rigor. El libro se erige como un llamado de atención: no es posible decidir sobre la libertad o la vida de las personas a partir de pruebas mal obtenidas, interpretadas con superficialidad o atravesadas por sesgos.

Pablo Esteban explora también las presiones sociales y mediáticas que rodean las causas penales, la escasez de datos sobre condenas injustas y el impacto de casos emblemáticos. Además, reflexiona sobre la “cultura de la cancelación”, “las etiquetas criminales” que presentan ciertos grupos sociales y las diferencias estructurales entre la lógica de la ciencia y la lógica de la justicia. Lo adelanta con claridad: ciencia y justicia son “dos ecosistemas muy distintos” que se expresan en lenguajes ajenos. Mientras la ciencia avanza formulando nuevas preguntas y se aproxima a la certeza sin alcanzarla del todo, la justicia busca respuestas inmediatas y certezas absolutas.

En el capítulo “Hacer memoria” el eje puesto en cuestión es la fragilidad de la memoria humana en los testimonios, los “errores por atribución de fuente” y las deficiencias de las ruedas de reconocimiento en Argentina. También revisa la influencia de la sugestión en los interrogatorios y subraya la necesidad de profesionales de la psicología forense en la evaluación de credibilidad, así como también la necesidad de formación de los abogados/as en torno a cómo funciona la memoria y cuáles son sus mitos. En el capítulo 2, “ADN”, Esteban repasa los avances de la genética forense en Argentina y los problemas derivados de la falta de estandarización en la recolección de rastros genéticos. Aborda también la evolución del Registro Nacional de Datos Genéticos en la Argentina, sus debates sobre la privacidad y las dificultades existentes en torno a compartir información entre jurisdicciones, además de señalar la coexistencia de distintos softwares y las tensiones políticas asociadas. En el capítulo 3 , “El perito y su perrito”, se cuestiona el uso de perros de detección de olores como prueba judicial al discutir su bajo nivel de fiabilidad y su carácter experimental. Se plantea si su utilización debe limitarse a la investigación preliminar en lugar de admitirse como prueba pericial.

En el capítulo 4, “Síndrome del Bebé Sacudido”, el autor nos muestra cómo los consensos científicos cambian con el tiempo y cómo esto impacta en el ámbito judicial. En este sentido, explica la triada de lesiones clásicamente asociada al diagnóstico y su revisión crítica, contrastando la admisibilidad probatoria en Argentina con la práctica estadounidense. Señala también las distintas tensiones y puntos de vista de distintos profesionales en la materia sobre el diagnóstico. En el capítulo 5, “Abusos”, Esteban analiza las dificultades en las entrevistas a niños y niñas víctimas o testigos de abuso. Señala la insuficiente formación de quienes realizan pericias, los riesgos de contaminación de la memoria infantil y el uso de métodos obsoletos para evaluar la verosimilitud de los relatos. Por último, en el capítulo 6, “Comunicación”, el autor destaca la dimensión política que implica la comunicación pública de la ciencia —y también de la justicia—, al subrayar la necesidad de devolver al/la lector/a, entendido como la ciudadanía en general, un lugar central en ese proceso. De este modo, plantea que reconocer al/a la destinatario/a puede convertirse en una vía para cuestionar y desarticular el régimen de privilegios y jerarquías que atraviesa tanto la escritura científica como la judicial.

Finalmente, el libro incluye un apartado de bibliografía con referencias a libros, artículos científicos, notas periodísticas y documentales, así como el listado completo de las personas entrevistadas —peritos/as, científicos/as y abogados/as— que enriquecen la obra con sus aportes. Asimismo, se incorpora un fichero en el que se narran, con un lenguaje claro y accesible, catorce casos reales nacionales e internacionales de condenas erróneas sustentadas en evidencia cuestionable. Estos recursos constituyen un material de gran valor pedagógico, especialmente útil para la formación y el trabajo académico en el ámbito judicial.

Reflexiones finales: el aporte del libro en el contexto argentino

En el libro se plantea una premisa contundente: la ciencia le habla a la ciencia y la justicia le habla a la justicia. Ambos campos generan diálogos internos, entre colegas, en los que la ciudadanía queda excluida (pág. 177). Ante este panorama, surge un interrogante central: ¿cómo responde la justicia frente a una controversia científica? Lo cierto es que jueces/zas, fiscales/as y defensores/as se enfrentan habitualmente a peritajes complejos sin contar con la formación ni los recursos suficientes para evaluarlos críticamente. Ello conduce a decisiones de enorme trascendencia, sustentadas en evidencias de baja o dudosa calidad.

El valor de la obra se proyecta en dos planos. En el plano pedagógico, ofrece a los/as estudiantes de derecho una guía crítica para el abordaje de la prueba pericial, lo que obliga a replantear la enseñanza jurídica e incorporar nociones de epistemología, psicología cognitiva y ciencias forenses. Además, advierte sobre la necesidad de una formación interdisciplinaria y evidencia el peso de los sesgos de clase y género en los errores judiciales. En el plano profesional, constituye una herramienta práctica para litigantes: provee argumentos para impugnar peritajes defectuosos, exigir estándares adecuados y mostrar cómo la pretendida neutralidad técnica puede, en realidad, encubrir arbitrariedad.

Estas reflexiones resultan especialmente pertinentes en el contexto de la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (CPPF)¹, donde el sistema acusatorio requiere robustecer la litigación en torno a la prueba científica. El libro se enlaza, así, con debates centrales de la justicia contemporánea: la necesidad de juicios orales con auténtico contradictorio, la fijación de estándares probatorios claros y la formación en razonamiento científico. Desde la perspectiva del derecho procesal penal, cobra relevancia también la obra de Gascón Abellán (2021)², que propone ideas para un “control de fiabilidad” de las pruebas forenses. Además, se destaca la importancia del lenguaje claro como herramienta para robustecer el diálogo democrático entre operadores/as de justicia, jueces/zas, jurados, científicos/as y ciudadanía en general. El mismo autor afirma que democratizar las condiciones de acceso y participación en la justicia a partir de la comunicación también es hacer justicia (pág. 171).

Lejos de un enfoque pesimista, la obra plantea posibles líneas de acción: formar abogados/as en razonamiento científico, establecer protocolos rigurosos, abrir el sistema a la revisión de condenas y fomentar el diálogo interdisciplinario. Estas propuestas amplían el horizonte crítico de la justicia penal y contribuyen a repensar la enseñanza del derecho en clave más integral y conectada con los saberes científicos. Inocentes promueve una mirada crítica frente a la autoridad de los/as peritos/as. La ciencia, bien aplicada, puede servir a la justicia, pero cuando se degrada en tecnicismo o “ciencia basura” (pág. 16), se convierte en un obstáculo.

El libro deja en claro que las condenas erróneas no son anomalías sino síntomas de un sistema. Recordarlo es el mayor mérito de la obra: el derecho no puede operar al margen de la ciencia y que la búsqueda de justicia requiere humildad epistemológica, formación interdisciplinaria y compromiso ético. Una justicia más justa solo puede construirse a partir de esa premisa.