Una lectura estructural del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil

Hablar hoy del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), la Corte Suprema del país más grande de América Latina, es, inevitablemente, hablar de algo más que de una Corte Constitucional o de una Corte Suprema. El STF posee, por disposición constitucional, esta doble función y competencia: actúa simultáneamente como Corte Constitucional y como Corte Suprema. En los últimos años, sin embargo, el Supremo Tribunal Federal se ha convertido en un espacio central de procesamiento de conflictos políticos, ocupando muchas veces un lugar que no le correspondía originalmente por la Constitución brasileña de 1988, pero que fue dejado vacío por el propio sistema político.

Mi punto de partida no es normativo en el sentido clásico. No se trata de afirmar simplemente que la Corte “excede” o “cumple” su papel. El enfoque que propongo es estructural. La pregunta que me interesa es otra: ¿qué tipo de crisis política explica que una Corte Suprema haya pasado a desempeñar funciones tan amplias, tan visibles y tan disputadas? Y, a partir de allí, ¿qué efectos produce esa transformación sobre la democracia?

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) no como causa, sino como síntoma

Una clave fundamental para comprender la evolución del STF es abandonar explicaciones voluntaristas. El Tribunal no se volvió central solo porque sus jueces (en Brasil llamados ministros) así lo quisieran, ni porque la Constitución de 1988 lo “autorizara” de manera abstracta. El STF se volvió central porque la política brasileña dejó de decidir.

Cuando los canales ordinarios de representación, deliberación y compromiso se degradan, el conflicto no desaparece: se desplaza. En Brasil, ese desplazamiento fue masivo y sostenido hacia el Poder Judicial, y especialmente hacia el Supremo Tribunal Federal. El Tribunal pasó a funcionar como una instancia de cierre de disputas que el sistema político ya no consigue cerrar por sí mismo.

Más recientemente, desde aproximadamente 2018, el STF comenzó también a operar como una instancia de negociación y conciliación institucional, incluso en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad. La Corte pasó a “negociar” la constitucionalidad de leyes y actos gubernamentales frente a la Constitución, incorporando prácticas de gestión del conflicto típicas de la política. No por casualidad, en 2020 el STF creó, por acto administrativo, un órgano interno específico destinado a la promoción de conciliaciones en casos estructurales.

Eso explica por qué hoy el STF interviene en temas tan diversos como reglas electorales, política criminal, derechos sociales, diseño institucional, disputas federativas y, más recientemente, crisis de gobernabilidad de los gobiernos de turno, ya sea bajo Temer, Bolsonaro o, actualmente, Lula. No porque sea omnisciente, sino porque se convirtió en el último foro disponible.

Impeachment de la Presidente Dilma Roussef y Operación Lava Jato (car wash): dos momentos, una misma fragilidad

El impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff (2016) y la Operación Lava Jato (2014–2021/2022) suelen ser tratados como episodios distintos. Yo los veo como dos manifestaciones de un mismo problema estructural: la dificultad de la democracia brasileña para procesar conflictos de alta intensidad dentro de la política.

En el impeachment de Dilma Rousseff, el STF optó por una intervención limitada, de carácter principalmente procedimental, basada en un precedente anterior de la propia Corte: el caso del impeachment del Presidente Fernando Collor (1992). En 2016, el STF tuvo la oportunidad de revisar y perfeccionar su comprensión sobre el instituto del impeachment. El juez Edson Fachin, hoy Presidente del Supremo Tribunal Federal, recién había ingresado en la Corte y propuso entender el impeachment como un proceso jurídico-político: jurídico, porque exige un crimen definido por la ley; político, porque quien procesa y juzga es el Congreso.

Esa posición resultó derrotada. Prevaleció la tesis de la autocontención, asociada principalmente con el juez Luís Roberto Barroso, que defendió la simple reproducción del precedente, sin profundizar en el contenido jurídico del juicio. Esa opción fue criticada desde múltiples ángulos, como omisión, como complicidad o como formalismo excesivo. Pero, en rigor, el Tribunal se negó a asumir su carácter jurídico y sustituir plenamente a la política, incluso cuando esta actuaba de manera profundamente problemática.

La Operación Lava Jato, en cambio, representó el movimiento inverso: una expansión de la excepcionalidad, inicialmente tolerada y en parte legitimada por el STF, en nombre de una agenda moralizante de combate a la corrupción. Cuando los excesos se tornaron evidentes (selectividad, violaciones de garantías, colusión entre juez y acusación), el Tribunal fue llamado, nuevamente, a reconstruir los límites que habían sido erosionados, incluso por decisiones suyas que habían refrendado prácticas de las instancias inferiores.

Ambos episodios revelan un Supremo Tribunal Federal reactivo, empujado a decidir no a partir de un proyecto consistente de jurisdicción constitucional, sino como respuesta a crisis sucesivas, siempre en un escenario de debilitamiento de la política.

Gobierno Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal (STF) como instancia de contención

El gobierno del Presidente Jair Bolsonaro llevó esa dinámica a un nuevo nivel. Frente a un Ejecutivo que desafiaba explícitamente reglas democráticas básicas, el STF asumió un papel que no estaba previsto en los manuales: el de instancia de contención institucional.

Procesos atípicos, abiertos por el propio STF, con designación directa del juez responsable, con hechos vagos, sin delimitación clara de objeto ni de plazos, decisiones monocráticas expansivas y una intervención directa frente a omisiones graves de la Procuraduría General de la República (entonces encabezada por Augusto Aras) y del Congreso hicieron que el STF se posicionara como la principal institución de control de los abusos del Ejecutivo. Y todo eso ocurrió, fundamentalmente, porque otras instituciones no actuaron.

Aquí es importante evitar la comodidad de la crítica retrospectiva fácil. El Supremo Tribunal Federal actuó en un contexto de amenaza real a la democracia, y esa actuación fue decisiva para evitar rupturas más graves. El problema, sin embargo, no reside sólo en la necesidad coyuntural de la intervención, sino en la normalización de formas heterodoxas de actuación, muchas veces fuera de los parámetros constitucionales y legales. Lo que parecía una jurisprudencia de crisis terminó convirtiéndose en nuevas reglas y nuevos límites.

Las medidas excepcionales dejan huellas permanentes. La Corte aprendió a ocupar el centro del sistema. Y una vez que una institución y sus miembros aprenden a ser centrales, con amplio poder de influencia y decisión, es difícil que sepan cómo volver atrás.

El 8 de enero de 2023 y la narrativa de la Corte salvadora de la democracia

Los ataques a las sedes de los tres Poderes el 8 de enero de 2023 consolidaron una narrativa poderosa: la del Supremo Tribunal Federal como salvador de la democracia brasileña. Esa narrativa es comprensible, pero peligrosa.

Las Cortes Constitucionales no deberían ser heroicas. Tampoco sus jueces deberían ser convertidos en héroes. Cuando eso ocurre, es porque el sistema falló antes. El verdadero riesgo no está en la respuesta firme frente a una amenaza golpista, sino en la conversión de esa respuesta en una identidad institucional permanente.

Después de la emergencia, queda la pregunta más difícil: ¿cómo se reconstruye la normalidad? ¿Cómo se devuelve a la política la responsabilidad que hoy descansa casi exclusivamente en el STF?

El Supremo Tribunal Federal (STF) hoy: centralidad sin estabilidad

El Supremo Tribunal Federal actual es una Corte extremadamente poderosa, pero también institucionalmente frágil. Fragilidad no por falta de autoridad, sino por exceso de personalismo, déficits de colegialidad y uso reiterado de decisiones individuales con efectos estructurales.

A ello se suman problemas más profundos: una postura ambigua de imparcialidad de algunos de sus jueces, una falta de distanciamiento adecuado respecto de la política y de los políticos, una proximidad excesiva con actores económicos poderosos y una relación igualmente ambigua con la opinión pública y los medios de comunicación.

No creo que el problema central sea el llamado “activismo judicial”. El problema es más profundo: la Corte se transformó en un espacio de sustitución permanente de la política. Y ninguna democracia puede funcionar de manera saludable bajo un modelo en el que jueces actúan como políticos, pero deciden como jueces.

Al mismo tiempo, es ilusorio imaginar que el STF simplemente se retraiga por voluntad propia. Mientras la política no recupere capacidad de decisión, el Tribunal seguirá siendo convocado a ocupar ese espacio.

Una conclusión deliberadamente incómoda

Mi conclusión no es tranquilizadora. El Supremo Tribunal Federal brasileño no es ni el villano autoritario que algunos denuncian ni el héroe democrático que otros celebran. Es una institución atrapada en una paradoja: necesaria para evitar el colapso democrático, pero estructuralmente incapaz de sostener, por sí sola, una democracia viva.

El verdadero desafío no es disciplinar al STF ni glorificarlo, sino reconstruir un sistema político capaz de decidir, deliberar y asumir responsabilidades. Sin eso, cualquier Corte, por más bien intencionada que sea, terminará acumulando un poder que no puede ejercer sin costos ni desconfianza.

El STF no es el origen de nuestros problemas democráticos. Pero tampoco es su solución definitiva. Es, antes que nada, un espejo incómodo de la crisis de la política en Brasil y del voluntarismo personalista e individualista de jueces que, no pocas veces, se creen más grandes que la propia institución a la que pertenecen.