El Perú acaba de elegir a su octavo presidente en menos de diez años. Es la primera vez en su historia que enfrenta un escenario de estas características. Las razones que explican este desenlace son muchas. Quiero centrarme en este momento en las razones constitucionales.

El Perú posee un diseño orgánico incoherente y disfuncional. Este se remonta a principios de la república. Desde sus orígenes, el Perú adoptó un sistema de gobierno sin parangón en la región. Uno que prioriza la incorporación de injertos del sistema de gobierno parlamentario en un sistema de base presidencial. Su fin, sin duda, fue noble: evitar que el jefe de Estado se convierta en un monarca republicano, pero su ejecución fue errada. Da la impresión de que la imaginación institucional de los constituyentes se limitó a importar figuras del parlamentarismo para controlar los excesos del presidencialismo, puestos de relieve por los caudillos militares de los primeros años del siglo XIX.

Este peculiar diseño político tuvo su punto de partida con la Constitución de 1828 —la madre de todas las constituciones, según Manuel Vicente Villarán—. Las Cartas que la sucedieron son una recreación de sus instituciones basilares. En otras palabras, la Constitución de 1828 sentó las bases del diseño político y constitucional del Perú. Las constituciones posteriores trataron de “mejorar” sus alcances. Pero no lo lograron. Al contrario, exacerbaron sus defectos y contradicciones internas.

El punto es que nadie se dio cuenta… hasta que llegaron las crisis. Y, cuando llegaron, no se pudieron paliar sus efectos. Ello responde en parte a que, cuando el presidente es débil en el Congreso, no puede hacerle frente a este poder del Estado. Por lo general, los presidentes del Perú han tendido a contar con mayoría en el Congreso, pero desde el 2016 esta regla cambió: tendieron, más bien, a ser extremadamente débiles. Es decir, carecieron del respaldo político mínimo para gozar de estabilidad.

Si a lo anterior se agrega que este Congreso abusa de sus potestades para obtener ventajas prebendarias o atarles las manos a los órganos responsables de controlar sus excesos, el resultado es nefasto: ocho presidentes en diez años y una Constitución hecha pedazos a causa de su instrumentalización arbitraria.

¿Qué hacer para salir de la crisis? Reparar el diseño político. Pero eso no pasa por sacar una pieza y poner otra en su lugar. Las reformas profundas no funcionan así. Pasa por repensar los presupuestos del modelo político, de los mecanismos de relacionamiento entre el Gobierno y el Congreso. Hace 200 años, la idea que inspiró a los constituyentes fue evitar la concentración del poder en cabeza del presidente. Ahora, esa idea debería complementarse con otra: evitar que una facción prepotente de políticos rentistas se haga de todas las llaves del poder y las use en su beneficio propio.

Se necesita, entonces, un diseño que ponga de relieve el rol que les corresponde asumir a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas. No se puede seguir pensando el principio de separación de poderes con base únicamente en el paradigma de la separación estricta y los pesos y contrapesos. Se debe hacer también en armonía con el paradigma de la cooperación y la colaboración entre poderes y el control vertical. ¿Esto qué significa en términos llanos? Que el diseño político debe ser sensible a mecanismos que promuevan la participación ciudadana y el diálogo constitucional. Se ha puesto la atención en armar a los poderes para un hipotético enfrentamiento, pero no en equiparlos para la cooperación en función del interés público. El resultado: vacancias y censuras presidenciales, acusaciones constitucionales, disoluciones parlamentarias y un largo etcétera que evidencia el uso desproporcionado de las armas defensivas por parte de los órganos políticos, basado en una lógica de acumulación del poder que deja al margen a quienes, según la Constitución, somos los reales detentadores de la soberanía: nosotros, el pueblo.