Lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos no es una crisis constitucional. Es la desintegración abierta del gobierno constitucional. Las instituciones que se suponía que debían restringir el poder, proteger los derechos y prevenir los abusos no solo están fallando, sino que se están derrumbando a la vista de todos y, en algunos casos, allanando activamente el camino para el dominio ejecutivo. Los asesinatos de dos civiles desarmados por parte de agentes del ICE no son aberraciones. Son la prueba más clara posible de que el monopolio de la fuerza por parte del gobierno federal se ha escapado del alcance de la ley, la supervisión o el control democrático.

En ambos asesinatos, los agentes federales dispararon a civiles desarmados que no representaban una amenaza inminente. No se trató de accidentes imprevisibles. Fueron el resultado previsible de un sistema federal de aplicación de la ley al que el Congreso, los tribunales y la cultura política le han dicho que no tendrá que rendir cuentas. Cuando el Estado puede quitar una vida y el sistema responde con silencio, el estado de derecho no solo se debilita. Muere.

El Congreso tiene la responsabilidad directa de esta muerte. Se ha convertido en la legislatura más temerosa y auto-neutralizada del mundo democrático. Ante el uso represivo del poder ejecutivo, las prácticas abusivas de aplicación de la ley y el asesinato de civiles por parte de agentes federales, el Congreso no hace nada. No legisla restricciones. No ejecuta citaciones. No lleva a cabo una supervisión significativa. No utiliza las asignaciones presupuestarias para frenar el abuso de poder del presidente. No defiende su propia autoridad constitucional. Ha renunciado a su función de control de tal manera que ya no se comporta como un poder del Estado en igualdad de condiciones. Se comporta como un observador asustado, que ve cómo se producen los abusos y espera no ser visto. Según informes de principios de 2026, el Congreso, a través de una importante ley de política fiscal y de inmigración, asignó 75 000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante cuatro años. Esta financiación forma parte de un paquete más amplio de 170 000 millones de dólares destinado a la aplicación de la ley de inmigración, de los cuales los 75 000 millones destinados específicamente al ICE suponen un aumento significativo y, a menudo, se denominan «fondo para sobornos». El ICE es el grupo que mató a los dos civiles inocentes en Minnesota.

El Tribunal Supremo ha ido aún más lejos. En un momento en que el país necesita desesperadamente un poder judicial dispuesto a articular límites, defender derechos y frenar los abusos de poder, la mayoría conservadora del Tribunal ha adoptado doctrinas que concentran el poder en la presidencia y vacían de contenido cualquier otro control. Su jurisprudencia sobre la «teoría del ejecutivo unitario» ha desmantelado las restricciones internas al poder ejecutivo, ha debilitado la supervisión independiente y ha ampliado el control presidencial sobre el Estado administrativo.

Y luego llegó la decisión sobre la inmunidad.

En ese fallo, el Tribunal sostuvo que un presidente goza de una inmunidad total frente al enjuiciamiento penal por acciones consideradas «oficiales». La decisión sitúa efectivamente amplias categorías de conducta presidencial fuera del alcance del derecho penal. Crea una presidencia que puede ordenar, dirigir o autorizar acciones que llevarían a cualquier otro ciudadano a la cárcel, y hacerlo sin temor a ser procesado. Académicos, comentaristas políticos y amplios sectores de la ciudadanía de todo el espectro ideológico han advertido que esta sentencia otorga al presidente algo parecido a la invulnerabilidad legal mientras ocupa el cargo e, incluso, potencialmente después de dejarlo.

Es irrelevante si los jueces pretendían este resultado, que claramente sí. Las consecuencias de su decisión son inequívocas: un presidente envalentonado por saber que el derecho penal no puede tocarlo fácilmente. Un presidente que puede poner a prueba los límites del poder sin temor a ser acusado. Un presidente que puede tratar la maquinaria del Estado como un instrumento personal, protegido por una doctrina que eleva los «actos oficiales» por encima de la rendición de cuentas.

Esta postura judicial tiene consecuencias reales y letales. Cuando el Tribunal señala que el presidente está aislado de la rendición de cuentas, envalentona al poder ejecutivo. Cuando debilita los controles internos del Estado administrativo, empodera a las agencias federales para que actúen sin temor a la supervisión. Cuando restringe la legitimación, limita la revisión judicial o evita los casos que exigen claridad, deja al público indefenso ante los abusos de poder. Los asesinatos cometidos por agentes del ICE no están desconectados de este entorno legal. Son el punto final lógico del mismo.

Todo esto se desarrolla ante un público que está fracturado. Muchos estadounidenses quieren justicia, responsabilidad y el restablecimiento de las normas constitucionales. Pero una parte considerable de la población se ha vuelto abiertamente hostil al liberalismo, al pluralismo, a la restricción institucional, a la idea de que el poder del gobierno debe estar limitado por la ley. Esta hostilidad crea un entorno político en el que los abusos de poder no solo se toleran, sino que se celebran. Cuando una sociedad no puede ponerse de acuerdo en que el asesinato de civiles desarmados es inaceptable, el Estado de derecho se vuelve imposible de mantener.

Su referencia a la Carta Magna es un recordatorio de lo que se pretendía lograr con el constitucionalismo: la subordinación del poder a la ley. Pero la experiencia estadounidense actual demuestra que ningún texto constitucional, por muy venerable que sea, puede imponerse por sí mismo. Las instituciones deben actuar, y no lo están haciendo. El Congreso ha abandonado su función de control. El Tribunal Supremo ha adoptado doctrinas que concentran el poder en la presidencia. Las agencias federales operan con una discreción letal. Y la opinión pública está dividida entre quienes exigen justicia y quienes rechazan los principios liberales que la hacen posible. Todos estos desastrosos resultados forman parte de los planes de este presidente para maximizar su poder y tomar represalias contra cualquier persona o institución que considere que le ha insultado. Es una figura política extremadamente peligrosa.

El desánimo que muchos sentimos no es un signo de debilidad. Es una señal de que todavía creemos en la promesa del constitucionalismo. La lucha entre el poder y la ley no ha terminado. Se está desarrollando ahora, en los tribunales, en el Congreso, en las calles y en la conciencia pública. Si Estados Unidos podrá renovar sus compromisos constitucionales, o si continuará por el camino de la erosión institucional, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Pero nombrar claramente la crisis es el primer paso para enfrentarla.

Si el «pueblo» luchará por sus derechos o capitulará ante la destrucción absoluta del sistema democrático es una pregunta sin respuesta. Pero creo que la organización política y las manifestaciones públicas masivas acabarán imponiéndose.