No sorprendo a nadie si digo que lo ocurrido en estos días en Venezuela constituye una derrota profunda del derecho internacional en el continente americano. Esa derrota tiene una dimensión evidente, reflejada en la absoluta intrascendencia de las obligaciones internacionales en el proceso de toma de decisiones del gobierno de los Estados Unidos para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. No solo se violaron abiertamente las normas; ni siquiera hubo un mínimo intento de justificar ese accionar conforme al derecho. El gobierno del presidente Trump invocó simplemente su seguridad nacional, los intereses de sus empresas petroleras y la necesidad de restablecer el orden en la región, sin molestarse siquiera en articular un argumento jurídico mínimamente plausible.

Como ya señalaron muchos, esta intervención militar unilateral, la falta de justificación jurídica, y la decisión de muchos otros de avalarla, constituye un precedente muy peligroso para la región (y también para el mundo). Pero no es la primera vez que ocurre, y probablemente tampoco sea la última. Desde que el mundo es mundo que, en ciertas ocasiones algo excepcionales pero muy visibles, los poderosos imponen su voluntad haciendo caso omiso de las reglas. Esto funciona así a nivel internacional, pero también a nivel nacional. El derecho puede incrementar los costos de ese tipo de decisiones, pero rara vez logra impedir que algunos que tienen más fuerza que otros impongan su voluntad cuando el balance les resulta, de todos modos, conveniente.

Lo que quiero sugerir aquí es que analizar la derrota del derecho internacional en Venezuela con ese enfoque, reduciéndola al accionar de los Estados Unidos y su nueva aproximación intervencionista respecto de la región, sería un craso error. La derrota es, a mi juicio, anterior y más profunda. Se produjo cuando el sistema jurídico americano —una de las pocas regiones del mundo que cuenta con reglas explícitas y relativamente robustas para la protección colectiva de la democracia— fue incapaz de hacer algo mínimamente eficaz para remover del poder a un dictador brutal, incluso después de que quedara en evidencia, ante los ojos del mundo, el robo flagrante de una elección presidencial. En una región que asumió históricamente compromisos específicos para prevenir internacionalmente la ruptura del orden democrático, la parálisis del sistema es el verdadero dato relevante para entender este desenlace.

El problema no son las normas propiamente dichas. El continente americano cuenta, al menos en el papel, con uno de los desarrollos normativos más avanzados del mundo en materia de defensa colectiva de la democracia. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en Bogotá en 1948, ya establecía que la “solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Con el correr de los años, se introdujeron sucesivas reformas para reafirmar este principio. Hoy la Carta sostiene que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.

La idea subyacente a estas afirmaciones es relativamente sencilla: el orden jurídico regional no protege la soberanía entendida como un derecho del Estado, sino como un derecho de la ciudadanía. Se trata de lo que Kathryn Sikkink llama una “doctrina de la soberanía popular”, en la que “la soberanía reside en última instancia en el pueblo”. Es por esto, dice Sikkink, “que los juristas latinoamericanos de la primera mitad del siglo veinte, que defendían simultáneamente el principio de no intervención y la protección de los derechos humanos, no veían necesariamente una contradicción en sus posturas. La soberanía era esencial para proteger a los Estados de la intervención ilegal de terceros, pero no era concebida como una justificación para que el gobierno abusara de los derechos de los ciudadanos.”

Sobre estas bases teóricas se construyó el sistema interamericano de derechos humanos y sobre estas bases se adoptó, también, en el año 2001, la Carta Democrática Interamericana. Ese documento cristalizó una idea potente: la democracia no es un asunto puramente interno, sino una obligación jurídica internacional, cuya ruptura habilita respuestas colectivas. Desde ese entonces no quedan dudas de que el compromiso con la democracia representativa dejó de ser retórico para convertirse, al menos formalmente, en un estándar exigible.

Sin embargo, el caso venezolano muestra con crudeza los límites de ese sistema. Algunos de estos límites tienen una raíz de diseño institucional (véase, por ejemplo, este trabajo de Palestini y Martinelli). Pero quiero sugerir aquí que esos límites también responden, en buena medida, a la persistencia de ciertas visiones soberanistas ancladas en una lectura equivocada de la tradición latinoamericana de la no intervención—una lectura contraria a aquel principio de la “soberanía popular”. Durante los últimos años, buena parte de los gobiernos progresistas de la región (México, Brasil, Colombia, entre otros) adoptaron un discurso que, con distintos matices, repite una misma consigna: que los problemas de los venezolanos deben ser resueltos por los venezolanos. Bajo la apariencia de prudencia diplomática, esa fórmula funcionó como una coartada para la inacción. Se invocó la no intervención como si fuera un principio absoluto, impermeable a cualquier obligación democrática asumida en común. Se confundió respeto por la independencia con indiferencia frente al desmantelamiento de un régimen constitucional.

El problema es que esa consigna ya no se sostiene. Quedó claro —dolorosamente claro— que los venezolanos, solos, no pudieron resolverlo. No porque les falte coraje o compromiso democrático, sino porque enfrentan un aparato represivo que controla el Estado, las fuerzas armadas y el sistema electoral. Pretender que en esas condiciones la democracia pueda restaurarse únicamente desde adentro no es una posición principista: es una forma de abandono. Y esto no quiere decir que el uso de la fuerza sea la alternativa razonable. América Latina no construyó la defensa colectiva de la democracia para intervenir militarmente, sino para intervenir jurídica y políticamente de manera coordinada, temprana y legítima. Hay muchas formas de intervenir: mediante sanciones inteligentes, aislamiento diplomático, condicionamientos económicos, activación sostenida de mecanismos regionales, acompañamiento efectivo a la oposición democrática. El esquema institucional vigente habilita múltiples formas de acción, e incentiva a la creatividad y la imaginación política para tomar medidas decisivas que cumplan con sus fines. Eso era lo que el sistema estaba llamado a hacer. Eso era lo que las obligaciones regionales exigían. Al no hacerlo, al refugiarse en discusiones procedimentales y viejas pancartas soberanistas, el progresismo regional dejó vacante el espacio de la acción. Y cuando ese espacio queda vacío, alguien lo ocupa. Lo que apareció entonces fue la forma inapropiada de la intervención: la amenaza de Trump, la lógica de la fuerza, el unilateralismo sin reglas. No porque sea mejor, sino porque es lo único que queda cuando el derecho internacional se muestra incapaz de alcanzar los resultados que él mismo promete.

La lección es incómoda, pero necesaria. Si quienes dicen creer en el derecho internacional y en la democracia no logran ofrecer respuestas eficaces frente a sus violaciones más flagrantes, le dejan servida la mesa a líderes que vienen con sus motosierras a romperlo todo. Trump, Milei y otros no crean el vacío: lo explotan. Esto aplica para el desafío de remover a dictadores de los palacios que ocupan ilegítimamente, pero también para muchos otros aspectos de nuestra vida en común.

Si queremos entender este desenlace, entonces, tenemos que entender que es también el resultado de una omisión prolongada, que es un espejo incómodo para América Latina y su proyecto de orden jurídico regional. O somos capaces de repensar, sin nostalgias ni dogmas, cómo defender colectivamente —es decir, internacionalmente— la democracia en el mundo de hoy, o seguiremos asistiendo —impotentes— a su derrota, mientras otros ocupan el vacío y deciden intervenir a su manera.