En todo caso, la oposición venezolana —la Plataforma Unitaria— y el régimen de Maduro decidieron negociar condiciones para facilitar las elecciones presidenciales de 2024, todo ello, con el apoyo del Gobierno de Noruega y los incentivos otorgados por el Gobierno de Estados Unidos, liberando a aliados políticos claves y flexibilizando las sanciones, para permitir a la élite recibir miles de millones de dólares en exportaciones petroleras, sin transparencia ni rendición de cuentas.

Las elecciones de 2024 han debido ser, al mismo tiempo, el momento de liberación del régimen autoritario y la culminación del proceso para restablecer la soberanía popular centrada en los derechos humanos. Pero en realidad, fueron el inicio de la ola más oscura de represión del régimen de Maduro.

Durante la muy breve campaña presidencial de 2024, hubo una suerte de despertar democrático, con manifestaciones públicas de apoyo al candidato unitario, Edmundo González, quien tuvo que sustituir a María Corina Machado luego de que el régimen judicializara las primarias en las que resultó electa.

Yo no pude votar, pues pesan sobre mí investigaciones penales arbitrarias que impiden mi regreso a Venezuela. Tampoco pude votar en el exterior, pues el régimen no reconoció el derecho al voto de la diáspora, que representaba millones de electores. Pero mis amigos sí votaron. Las imágenes que me llegaban eran difíciles de creer. Parecía que, finalmente, Venezuela lograría poner fin al régimen autoritario a través de las elecciones.

Poco duró la ilusión. Cuando Maduro se enfrentó a la realidad —el absoluto desprecio popular hacia su régimen y su incapacidad para movilizar corruptamente a los electores—, entonces no pudo siquiera refugiarse en su legalismo autocrático para amañar los resultados. Ignorando las actas electorales, Maduro se proclamó presidente por medio de su Tribunal Supremo. El despertar democrático fue apagado por la que ha sido considerada la peor ola de represión en Venezuela.

El mensaje de la élite fue claro: no estaban dispuestos a renunciar al poder, incluso, si ello implicaba burlar, abiertamente, acuerdos apoyados por Estados Unidos.

La elección de 2024 fue el último intento de promover una transición desde instituciones constitucionales, similar al esfuerzo fallido de la elección parlamentaria de 2015.

En mi caso, este episodio me ayudó a ratificar mi convicción de que en Venezuela, no es posible pensar en una transición impulsada solo por vías electorales. Para el régimen gobernante, y siguiendo a Dahl, los costos de salida no pueden ser compensados únicamente políticamente. La mejor estrategia frente a cualquier negociación es aferrarse al poder.

Cuando expongo esta tesis en seminarios o trabajos académicos, suelo recibir respuestas que, con preocupación, sostienen que la única salida en Venezuela debe ser constitucional.

¿Pero cómo impulsar una salida constitucional cuando la Constitución está capturada por el régimen autoritario que abusa de ella, justificándose en la narrativa populista? La trampa de lo que he llamado Derecho constitucional autoritario populista es que la Constitución se manipula para socavar la dignidad humana, pero al mismo tiempo, se impide su uso para rescatar esa dignidad.

En 2019, diversos países reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado, al considerar que Maduro no había sido electo presidente en 2018. Yo diseñé la fundamentación constitucional de esa solución. Por supuesto, no había en el texto de la Constitución ninguna regla que estableciera cómo promover la salida de un régimen autoritario y populista que se mantiene mediante estructuras criminales. El artículo 233 de la Constitución otorgaba la base constitucional para que el presidente de la Asamblea actuara como presidente encargado, mientras que el artículo 333 imponía a toda persona el deber de colaborar activamente en el restablecimiento del orden constitucional.

Esta norma establece una suerte de estado de excepción, que justifica —e incluso obliga— a adoptar cualquier acción para el restablecimiento de la Constitución. La defensa de la constitución justifica, así, la rebelión contra el régimen tiránico, lo cual, por lo demás, es la piedra angular del constitucionalismo hispanoamericano.

Relato esta historia, pues, como procurador designado por el presidente encargado, me tocó en más de una ocasión dar una explicación detallada de la constitucionalidad de estas actuaciones, para lo cual incluso tuve que escribir un libro. Mientras yo me esforzaba por dar esas respuestas constitucionales, el régimen allanaba y confiscaba mi hogar en Venezuela, sin que nadie, por supuesto, le pidiera explicación sobre la base constitucional de sus acciones.

Esta es la trampa del constitucionalismo autoritario: a quienes promueven el restablecimiento del orden constitucional, se nos exige una pureza propia del positivismo constitucional exacerbado, al mismo tiempo que el régimen autoritario no se contiene en sus abusos y atropellos. Como resumió muy bien el presidente del Comité Noruego del Nobel, en el discurso de presentación del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado:

“Sin embargo, muchos de nosotros – desde una distancia segura – esperamos que los líderes democráticos de Venezuela persigan sus objetivos con una pureza moral que sus adversarios jamás muestran. Esto no es realista. Es injusto. Y revela una ignorancia de la historia”.

Nahuel Maisley escribió, con acertado tino, sobre el fracaso del Derecho internacional en Venezuela. Creo que también debe hablarse del fracaso del Derecho constitucional arraigado en el positivismo jurídico, que niega legitimidad a toda acción ciudadana que no se enmarque perfectamente en las reglas constitucionales.

Rommen escribió, frente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que los dictadores son maestros de la legalidad. Yo agrego que en el siglo XXI son maestros también de la constitucionalidad, lo cual solo es posible bajo una interpretación literal y positivista que ignore la ausencia de moralidad de quienes manipulan, a su antojo, las reglas constitucionales.

El Derecho constitucional autoritario-populista, como demuestra el caso de Venezuela, solo es posible en el rigor del positivismo jurídico, pues ello favorece acudir a formas constitucionales amañadas, que en su esencia violan la dignidad humana.

Por supuesto, el derecho de rebelión o resistencia en el ámbito del citado artículo 333 no es una carta blanca: la dignidad y los derechos humanos son una frontera infranqueable. Pero mi punto es que solo esta interpretación permite salir de la trampa del constitucionalismo autoritario y populista.

“Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”. Tal era el lema positivista de Chávez, que Rodríguez repitió, justo cuando violaba la Constitución al asumir como presidente encargada.

Por ahora, la salida de Maduro no constituye el primer paso de la ansiada transición democrática. Su régimen se mantiene intacto y con él, su constitucionalismo abusivo. No sorprende, por ello, que la primera acción de Delcy Rodríguez luego del ataque de Estados Unidos haya sido acudir a la Sala Constitucional para justificar su permanencia en la presidencia, pero al margen de las disposiciones de la Constitución que, ante la ausencia de Maduro, obligan a convocar elecciones.

Tampoco sorprende que el 5 de enero se haya publicado un decreto de emergencia por conmoción exterior que, invocando la Constitución, pretende dar legalidad a la continuación de las persecuciones políticas. Un decreto, por cierto, que aparece firmado por Nicolás Maduro cuando ya estaba en manos de las fuerzas de Estados Unidos.

No está claro cuánto tiempo podrá Rodríguez mantenerse en el poder, pues enfrenta presiones internas que la impulsan a defenderse de la “agresión” contra Maduro y, al mismo tiempo, presiones externas de Estados Unidos que le exigen colaborar con los planes de la Casa Blanca.

Precisamente, llama la atención que en los días inmediatos a esta intervención no se hable de democracia, sino del petróleo que Venezuela podría producir, de la mano de supuestos plantes promovidos por Estados Unidos. Esto es, por supuesto, una ilusión: sin Estado de Derecho y estabilidad democrática, no es posible reconstruir la industria petrolera, destruida por las políticas arbitrarias de Chávez y Maduro.

Lo que hay que restablecer en Venezuela no es la producción petrolera, sino el orden constitucional centrado en la dignidad y los derechos humanos.

Por ahora, este es un objetivo que no se ha cumplido.