El gobierno de Javier Milei está cerca de entrar a su cuarto año de gestión, y después de un cierto tiempo podemos ver algunas de las políticas que se mantienen constantes a pesar de los vaivenes políticos. Milei, por ejemplo, se enorgullece de haber conseguido tener superávit fiscal desde el principio, y de no haber escuchado los “cantos de sirena” que le sugerían romperlo. Ya pasado un cierto tiempo, sin embargo, podemos también observar otras constantes mucho más preocupantes. En particular, me interesa señalar la problemática aproximación a la libertad de expresión que caracterizó a este gobierno desde sus inicios.
Hace algunas semanas, Milei aprovechó la centralidad que la cuestión nacional adquirió en los últimos meses y anunció en cadena nacional una serie de medidas vinculadas a Malvinas. Algunos días después, envió al Congreso el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, en donde se plasman muchas de las propuestas del gobierno vinculadas a esta cuestión. El art. 111 del proyecto propone incorporar como art. 225 bis del Código Penal una pena de cinco a doce años de prisión a quien, por cuenta o financiamiento extranjero, procure alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación o promueva o financie actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.
El proyecto es, a todas luces, preocupante desde el punto de vista de la libertad de expresión. No quiero extenderme demasiado sobre su análisis, pero es posible destacar algunos aspectos que ponen sus problemas de relieve. En primer lugar, procurar alterar procesos electorales es algo que muchos hacemos en cada una de las campañas. Si creemos que un candidato es claramente mejor que los demás, o que algún otro es inaceptable, procuraremos convencer a quienes podamos de que tengan esto en cuenta a la hora de decidir, así alterando el resultado electoral. Todos aquellos que reciban financiamiento desde el extranjero, es decir gran parte de las organizaciones de la sociedad civil, y realicen una actividad de este tipo, por lo tanto, podrían caer bajo los supuestos del proyecto del gobierno. Es cierto que tal vez el artículo no sea interpretado de este modo, o que tal vez no haya sido la intención de sus propulsores criminalizar un espectro de acciones tan amplio. Estos problemas, sin embargo, surgen de la propia redacción del proyecto que presentó el gobierno.
En segundo lugar, tanto ‘violencia’ como ‘sabotaje’ son términos demasiado vagos, lo que genera que abarque discursos que generalmente consideramos constitucionalmente protegidos como una crítica a los argentinos o el rechazo del reclamo sobre Malvinas. Si tenemos en cuenta que el reclamo tiene estatus constitucional, una norma que pueda castigar el rechazo de esta cláusula resulta por demás problemática al impedir que discutamos sobre los acuerdos políticos que plasmamos allí. Por supuesto, si estos términos abarcan o no discursos protegidos dependerá de la interpretación que se les dé, pero su vaguedad abre la puerta a interpretaciones expansivas que entren en conflicto con la libertad de expresión.
Es posible observar dos continuidades en el proyecto. La primera de ellas aparece cuando se lo mira a la luz de una serie de proyectos presentados en los años previos al gobierno de Milei. En estos proyectos, al igual que en el de Milei, se proponía castigar ciertos discursos sobre la base de términos tan amplios que inevitablemente abarcaban discursos constitucionalmente protegidos. Entre estos proyectos podemos pensar en el proceso de aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, así como una serie de proyectos para castigar el ’negacionismo’ de la pandemia, de la dictadura y, en un sentido similar al del proyecto de Milei, el ’negacionismo’ de la soberanía argentina sobre Malvinas. En estos últimos casos, la continuidad se extiende también al tipo de problemas que abordan estos proyectos, ya que tanto el reclamo de la soberanía argentina sobre Malvinas como la discusión sobre la dictadura y sobre la política sanitaria correcta durante la pandemia son temas eminentemente políticos, por lo que su regulación debería ser incluso más cautelosa.
La segunda continuidad del proyecto del gobierno es no ya con los proyectos de otros gobiernos, sino consigo mismo. Como dije al principio, el tiempo que pasó desde la asunción de Milei nos permite observar algunas continuidades, y el vínculo problemático con la libertad de expresión es una de ellas. Desde sus primeros meses en el gobierno hasta el proyecto de defensa de la soberanía nacional, el gobierno ha tomado una serie de decisiones que resultan alarmantes desde el punto de vista de la libertad de expresión. Por lo tanto, vale la pena repasarlas para ejercitar la mirada de largo alcance.
Al poco tiempo de asumir, el gobierno firmó un decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública que excluye a toda aquella información que el propio gobierno considere privada del conjunto de la información que el gobierno debe entregar. Al hacerlo, el gobierno contradijo los principios que guían el acceso a la información pública según el derecho argentino, al reemplazar el criterio legal sobre qué vuelve pública a la información. Aunque la ley estableció un criterio subjetivo que le daba carácter público a la información por estar en manos del estado, el decreto reglamentario excluye a la información privada, corriendo la preocupación hacia el contenido de la información. Los problemas del reglamento no surgen sólo del cambio de criterio, sino de que haya sido el Poder Ejecutivo el que lo haya hecho. Así, el gobierno se arrogó la posibilidad de decidir en una cuestión que ya había resuelto la ley, habilitando una excepción allí donde la ley no decía nada.
Cuando miramos a la relación del gobierno con la libertad de expresión, uno de sus elementos centrales es su relación con el periodismo. La situación de los periodistas resulta particularmente alarmante. Los problemas que enfrenta el periodismo son múltiples y diversos. Uno de los que más salta a la vista son los ataques que recibe desde el Gobierno, que no ahorró insultos hacia la gran mayoría del periodismo. Otro problema que aparece con frecuencia son las restricciones para el trabajo de los periodistas en la Casa Rosada. Si bien los índices deben ser tomados con pinzas, según Reporteros sin Fronteras Argentina cayó sistemáticamente en su protección a la libertad de prensa desde el año 2024. Al asumir Milei, Argentina ocupaba el puesto 40 de 180 países, mientras que ahora ocupa el puesto 98.
Existe otro aspecto, tal vez más espinoso, en el que el gobierno representa un problema para el periodismo y por lo tanto para el ecosistema expresivo. Uno de los grandes orgullos de este gobierno es haber recortado la pauta oficial. En general, el gobierno lo presenta como uno de los ejemplos de la lucha contra la casta, dado que la pauta oficial se podía usar para financiar periodistas cercanos al gobierno de turno. Si bien la crítica del gobierno es más que atendible, como con tantas otras críticas atendibles, la alternativa que ofrece el gobierno no parece particularmente atractiva. Al quitar una fuente relevante de financiamiento a los medios de comunicación, el gobierno afectó el modelo de negocios de los medios tradicionales en un contexto en el que la viabilidad económica del periodismo ya estaba en jaque. Si consideramos que el periodismo profesional tiene un rol valioso para la democracia por ser una fuente confiable de información y control de la política, incluso cuando (probablemente para bien) haya perdido parte de la centralidad del pasado, la quita de la pauta oficial afecta esta actividad.
Sobre esta cuestión, vale la pena hacer dos aclaraciones. En primer lugar, si bien existen otras fuentes de financiamiento estatal como la pauta de YPF o el Banco Nación, lo cierto es que estos mecanismos no llegan a compensar de ninguna forma el recorte de la pauta oficial. La segunda aclaración, más importante, es que incluso si creemos que el Estado debería contribuir al sustento de los medios de comunicación, hacerlo a través de la pauta oficial ya resultaba un problema. La función de la pauta oficial es contribuir a que la administración pública logre sus objetivos y comunique sus políticas, mientras que las formas de promoción de la sustentabilidad mediática buscan mejorar el ecosistema expresivo. Al tener dos objetivos diferentes, los criterios de distribución deberían ser diferentes, por lo que la pauta oficial es incapaz de alcanzar los dos objetivos simultáneamente siempre que no se dé la curiosa situación en la que los dos criterios llevan a una misma distribución del dinero público. Sin embargo, quitarla sin que exista otro mecanismo de apoyo no solo no soluciona el problema, sino que agrava un problema ya existente.
El gobierno no solo tensionó la libertad de expresión mediante medidas con un efecto sistémico evidente como regulaciones o la quita de la pauta oficial, sino que existieron otros eventos particulares que también debemos tener en cuenta a la hora de pensar en la libertad de expresión durante esta administración. Cabe recordar que en materia de libertad de expresión, los casos individuales pueden traer aparejado un efecto sistémico por el miedo que pueden despertar en los demás. Así, por ejemplo, si alguien recibe una multa por criticar al presidente, esto podría tener un efecto sobre otros que quieran hacer lo mismo pero prefieran no hacerlo por el miedo a ser multados. Si dejamos los efectos mediatos de lado, sin embargo, es posible distinguir entre eventos más o menos acotados.
Uno de los eventos más obviamente problemáticos, aunque tal vez con un menor efecto sistémico, fue la censura previa impuesta sobre una serie de audios que podrían haber involucrado a Karina Milei. Durante el auge del caso de las coimas en la ANDIS y los audios de Spagnuolo, se rumoreó que existían otros audios en los que se la escuchaba a Karina Milei. En ese contexto, Karina Milei solicitó que se prohibiera la difusión, reproducción y publicación de estos audios, alegando que su origen era ilegal por haber sido grabados sin consentimiento dentro de la Casa Rosada. Ante este pedido, el juez Maraniello concedió la medida cautelar argumentando que la medida no constituye censura previa por ser provisoria y excepcional. Lo preocupante del caso no es solo que un miembro del gobierno haya iniciado un proceso cuyo objeto era la censura previa de información sobre una funcionaria política, sino que parte del Poder Judicial haya accedido a este pedido, lo que muestra que el problema de la libertad de expresión excede a este gobierno y abarca a otros actores.
La última de las situaciones que cabe reseñar tal vez sea la más grave de todas, sobre todo si nuestras preocupaciones exceden la libertad de expresión. El 12 de marzo de 2025, el fotógrafo Pablo Grillo fue a cubrir una marcha por un aumento en las jubilaciones. Mientras sacaba fotos, un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme horizontalmente, es decir contra los protocolos existentes, le generó una fractura de cráneo y un severo daño cerebral. A pesar de la evidencia del problema no solo para la libertad de expresión sino para una serie de derechos fundamentales de que las fuerzas de seguridad disparen contra un periodista violando los protocolos existentes, Gendarmería cerró la investigación interna sin imponer sanciones disciplinarias, y el gobierno afirmó que era necesario proteger a las fuerzas de seguridad. Así como las sanciones individuales tienen un efecto estructural en la expresión, la falta de sanción hacia el gendarme responsable de parte del gobierno también. Lo preocupante, entonces, no es solamente la situación concreta de Pablo Grillo, sino que la reacción del gobierno muestra una completa despreocupación por los problemas que esa situación significa tanto para la libertad de expresión como para otros derechos.
Algunas de las situaciones reseñadas requieren ciertas aclaraciones que traen cierta esperanza. En primer lugar, incluso después de haber recibido un fallo favorable, Karina Milei desistió de la acción, aunque insistió en que no existía un problema de libertad de expresión. Respecto a Pablo Grillo, el gendarme que le disparó fue elevado a juicio. Por otro lado, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional todavía no fue aprobado y siempre es posible que sus aspectos problemáticos naufraguen en el proceso legislativo, al igual que lo hicieron sus antecesores en los últimos años. Nuestro sistema institucional, entonces, parece tener algunos anticuerpos para lidiar con los muchos desafíos a la libertad de expresión.
Resulta llamativo (no) que la situación reseñada venga de un gobierno que se dice a sí mismo liberal. Probablemente la única de las acciones reseñadas compatible con alguna versión del liberalismo sea quita de financiamiento público para los medios de comunicación. Más allá de esto, para bien o para mal, el liberalismo se ha caracterizado desde hace ya mucho tiempo por una especial preocupación por la libertad de expresión, generalmente quedando del lado más protectivo de este derecho frente a otros que puedan entrar en conflicto. También para bien o para mal, otra de las preocupaciones centrales de la tradición liberal es la restricción al poder estatal. Un liberal, entonces, debería ser especialmente sensible al problema de los ataques del poder político hacia quienes lo critican y debería permitir amplias formas de control ciudadano. La política del gobierno, sin embargo, va en el sentido contrario.
Al contrario de la tradición que dice defender, entonces, desde su llegada al poder el gobierno restringió el acceso a la información pública, atacó al periodismo de múltiples formas y promovió la censura previa sobre cuestiones políticas. Si bien es difícil conocer con alguna precisión cuál es el efecto de cada uno de los eventos reseñados, este repaso nos habla de un gobierno para el que la libertad de expresión no solo no es una prioridad, sino que muchas veces aparece como un límite contra el que se debe luchar con herramientas reglamentarias, judiciales y discursivas. Si esto es así, la continuidad en la política del gobierno ofrece razones para preocuparse.