La noche del domingo 22 de febrero, el gobierno de México informó que había realizado un operativo en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación, actualmente la organización criminal más grande de México. En el operativo fue matado Nemesio Oseguera Cervantes —El Mencho— junto con otras dos personas. Para la noche, el gobierno comunicó que se habían registrado “252 bloqueos en 20 entidades” del país, con carros y autobuses incendiados. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas registraron “eventos focalizados y bloqueos aislados”. Tan solo en el estado de Jalisco hubo 65 bloqueos en “carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas”, sin contar las que continuaron durante la noche y madrugada. Durante su conferencia mañanera del lunes, la Presidenta Sheinbaum informó que, además de estos hechos, se documentaron en distintas partes del país, 27 ataques directos en contra de autoridades, que murieron 27 elementos de seguridad (25 de la Guardia Nacional) y 30 personas que el ejercito identifico como “presuntos” delincuentes, y se detuvieron a 70 personas.

El operativo en contra del CJNG mostró que la organización tiene capacidad de movilizar a personal en más de la mitad del país, e inmovilizarlo. El mapa de carros, autobuses, comercios incendiados, de bloqueos en carreteras y balaceras, es un mapa de la crisis de gobernanza que vive el país, y de la debilidad del estado de derecho. Es evidencia también de las redes de colusión que existen entre autoridades y criminales.

El arresto (o ejecución) de objetivos prioritarios no es algo nuevo en México, y sus consecuencias son bien conocidas. Estamos a pocos meses de cumplir 20 años de la declaración de la guerra en contra del narcotráfico que hizo el entonces presidente, Felipe Calderón en diciembre de 2006. Durante su gobierno, Calderón implementó dos estrategias principales en contra del crimen organizado: la detención de líderes de las principales organizaciones criminales y los despliegues militar. El saldo de esta decisión está bien documentado: se produjo más violencia homicida a corto, mediano y largo plazo; las organizaciones criminales se atomizaron, las organizaciones diversificaron sus negocios hacia otras economías ilícitas, aumentaron su capacidad de armamento ——para poder competir entre sí y con el Estado—; disminuyeron las capacidades de instituciones de seguridad civiles; y hubo un empuje hacia un estado más punitivo, más militarizado y con más reglas de excepción procesales (o dicho de otra forma, menos control sobre el actuar de la autoridad y menos derechos y garantías para la ciudadanía).

El caso reciente de Sinaloa sirve como ejemplo para entender el efecto que tiene específicamente la detención de objetivos prioritarios. Hace más de un año se detuvo a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. A 10 meses de su detención se habían registrado 723 homicidios dolosos en el estado, 1,400 personas desparecidas y 44 policías asesinados. Hoy la prensa reporta un éxodo de trabajadores agrícolas, quienes abandonan el campo por miedo, escuelas y negocios cerradas, balaceras, “levantones”, y cuerpos mutilados y abandonados en los caminos y carreteras como parte de la cotidianeidad. Hoy Sinaloa vive niveles de violencia inaceptables.

Al igual que el arresto de “El Mayo” Zambada, el arresto de “El Chapo” Guzman, la “eliminación” de Arturo Beltrán Leyva hace 17 años, la muerte de “El Mencho” a manos del Estado mexicano, aumentará la violencia porque los mercados ilícitos que sus organizaciones controlan y las redes criminales que posibilitan que estas economías ilegales existan, quedan intactas. Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) participa en minería ilegal; tráfico y venta de armas; robo y venta de combustible; producción, transporte y comercio de sustancias ilícitas; extorsión de negocios, agricultores y ganaderos; trafico de migrantes; secuestro y desaparición de personas; tala clandestina; negocios inmobiliarios, plantación de aguacates, y más. Entre su nómina tiene a autoridades de todos los niveles. Tiene presencia en varios países y organizado en distintas empresas criminales. La muerte de su líder, puede cambiar las estructuras internas de la organización, pero no va disminuir las conductas criminales si el Estado no toma control de las economías y negocios ilegales. Eso pasa, por investigar y desmantelar las estructuras criminales (en las que participan autoridades) que posibilitan que estos existan.

Nadie, pienso, critica que sea detenido un delincuente, líder o no de una organización criminal y llamado a cuentas para dar cuenta y responder por los delitos que haya cometido. Miles de familias, sobre todo mujeres, buscan a sus hijos, hijas, parejas, desaparecidos por miembros de CJNG. Algunas investigaciones han mostrado cómo el Cartel participa en reclutamiento forzado de jóvenes, especialmente adolescentes de entre 15 y 19 años. El descubrimiento el año pasado del Rancho Izaguirre usado para este fin y como centro de exterminio, estremeció al país. Las imágenes de pilas de zapatos, mochilas y ropa dan cuenta de los crímenes terribles en los que han participado miembros del Cártel. Miles de familias han perdido sus casas y negocios. Defensores de la tierra han sido asesinados por miembros del Cártel. Detener esa violencia, acompañar y reparar a las víctimas, obtener información sobre los desaparecidos, debiera ser prioridad del estado.

¿Tiene el Estado mexicano capacidad para tomar control de los mercados ilícitos, detener el ingreso de armas, la extorsión, la minería ilegal o el huachicol? ¿Habrá investigaciones sobre autoridades coludidas con esta organización? ¿Cómo se va a evitar que no se replique el desastre de Sinaloa o que el CJNG no se atomice en muchas organizaciones? Cada economía ilícita requiere una respuesta (estrategia) distintas. No es lo mismo atender el problema de las armas ilegales que del huachicol o el del fentanilo. Lo cierto es que despliegue de más militares y la detención de nuevos líderes, no los resuelve. Se trata de una estrategia que quizás reditúa políticamente en ambos lados de la frontera pero trae consigo peores resultados en materia de seguridad y deja a las víctimas en el desamparo.