El 1 de junio de 2025 fueron las primeras elecciones del Poder Judicial en México. La jornada electoral estuvo marcada por la abstinencia, la desconfianza hacia el proceso electoral y la franca trampa para lograr que personas cercanas al partido en el poder fueran electos a los cargos que se competían. A pesar de elegirse 2600 cargos judiciales locales y federales, 90% del electorado no se presentó a votar. Según una encuesta de Massive Caller, 48% de las personas que no votó afirmó que la principal razón por la que no acudió a las urnas fue la falta de confianza en la elección (20% dijo no tener interés en el proceso judicial y 10% que no sabía que había elecciones). Además, aproximadamente 20% de quienes votaron anularon su voto, lo que significa que el voto efectivo fue, en algunos casos, menor del 10%.

Las semanas previas a las elecciones se distribuyeron volantes en los que se señalaba cómo y por quién votar en cada una de las boletas judiciales. El partido oficial negó su participación en la elaboración y distribuciones de los llamados “acordeones”, a pesar de que estos favorecían a cuadros cercanos al gobierno. Desde el Buque Cuauhtémoc, una embarcación militar que salía de NY, simpatizantes de Morena, grabaron videos llamando al voto a favor de candidatos/as del partido oficial. “No olviden este primero de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados. Es muy necesario el voto, para que tengamos la mayoría y así ya ir saliendo poco a poco de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos…”.

La reforma judicial ordenó la destitución de la totalidad de jueces del país (locales y federales) e introdujo un sistema de elección popular para toda la judicatura nacional. Ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas federales, jueces y juezas federales, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y toda la judicatura de los estados (magistrados, magistradas, jueces y juezas locales) serían electos. La elección, sin embargo, no es directa sino mediada por un complejo sistema de pre-selección de candidatos(as) a través del cual se decide quienes podrán competir en la elección. Hasta antes de la reforma, el proceso de designación de juzgadores del Poder Judicial Federal estaba basado en un sistema de carrera. Para la designación de las posiciones más altas, como en el caso de la Corte Suprema, el proceso era público, propuesto por el Ejecutivo Federal y electo por el Senado. Se trataba de un mecanismo problemático que a menudo era negociado entre partidos políticos. Pero, la reforma en ningún sentido atendió el problema de elección de personas cercanas al Poder Ejecutivo.

Además de cambiar la forma de nombrar jueces, la reforma incluyó diversas disposiciones que modifican la gobernanza de los poderes judiciales. Quizás la más relevante fue la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar el desempeño de los órganos jurisdiccionales. Este Tribunal tienen amplias facultades y criterios ambiguos para imponer sanciones a juzgadores. La reforma además limitó los efectos del juicio de amparo e introdujo la figura de los juzgadores “anónimos” para casos de delincuencia organizada.

El resultado de la elección fue el esperado: las personas ganadoras reflejaron los acordeones repartidos y el Poder Judicial Federal quedó controlado por el partido en el gobierno. Tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal de Disciplina, quedaron conformados en su totalidad por personas cercanas a Morena. Los magistrados propuestos por el partido, también ganaron la sala superior del Tribunal Electoral, órgano encargado de dirimir disputas electorales.

Si el objetivo de la reforma era dotar de legitimidad al Poder Judicial y democratizarlo, el experimento fue un fracaso. Es imposible hablar de un ejercicio de legitimación con una abstención de casi 90% o de democracia sin contrapesos, sin pluralidad o disidencia en el poder. La reforma significó partidizar y cooptar políticamente una institución que durante años fue profesionalizada. Con ello se cerraron canales que permitían la participación y representación de más voces en los procesos judiciales/constitucionales de este país.