Son cada vez más numerosos los estudios científicos que se ocupan de la creciente probabilidad de colapso de los sistemas naturales y sociales como resultado de la degradación del medio ambiente provocada por la actividad humana. La noción de “Antropoceno” se impone para designar una era en la cual la acción humana ha trastocado los ciclos biogeoquímicos del sistema Tierra y avanza aceleradamente hacia escenarios catastróficos. No se trata de fenómenos ni probabilidades localizadas, sino de alcance global y sistémico, en un contexto donde retroceden las pocas instituciones internacionales con capacidad para imponer acciones de mitigación y adaptación frente a la crisis socio-ecológica.

Pese a las evidencias sobre estos riesgos, prevalece la negación, indiferencia y “analfabetismo ambiental” en las elites gobernantes que las ignoran, ocultan y descalifican, al tiempo que persiguen a quienes denuncian sus causas y tratan de defender a la sociedad. Esto se corresponde con otra evidencia: si bien el problema es global, las responsabilidades son muy desiguales.

Bastan algunos datos. Al relacionar la distribución de riqueza con las emisiones de gases de efecto invernadero, se concluye que el 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca de 48% del total de las emisiones globales (17% para el 1% más rico), mientras que la mitad más pobre sólo es responsable de 12%. Además, 63% de la desigualdad en las emisiones no se debe a las diferencias de residencias, sino a divergencias al interior de los países; esto es, entre ricos y pobres.

Esto vale también para los países de América Latina, donde las elites dirigentes pretenden que la región no debe hacer nada porque no tiene responsabilidad en el tema. Esta es una actitud irresponsable que defiende intereses particulares de grupos opulentos y corporaciones contaminantes que siguen avanzando en actividades que degradan el entorno ecológico en la región. Así, se sacrifica el bienestar de generaciones presentes y futuras. Argentina es hoy un ejemplo flagrante de esta situación.

En la región, además de los problemas vinculados a las emisiones de carbono de ciertas industrias, la crisis socio-ecológica se vincula con la deforestación, la minería a cielo abierto, la contaminación de reservas acuíferas, la extracción de recursos gasíferos con métodos no convencionales, el agotamiento de suelos por uso de agroquímicos, etc. De hecho, América Latina es una de las regiones donde más crecieron la temperatura y los fenómenos hidro-meteorológicos extremo: tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor, etc. Cada día se verifica aumento de la escasez de agua, desabastecimiento energético, pérdidas agrícolas, desplazamientos de población, deterioro de la salud y la seguridad. Otro dato es relevante: América Latina registra los índices más elevados de persecución y muerte de referentes en la lucha ambiental.

Dados los altos niveles de desigualdad y privación de grandes masas de la población en la región, esto golpea especialmente a los grupos más vulnerables que viven en tierras marginales y tienen menos recursos para hacer frente a las amenazas y daños de la crisis socio-ambiental. Por lo tanto, no se puede tener una estrategia contra la crisis socio-ambiental sin tener una estrategia para reducir la desigualdad. Y no sólo se trata de la desigualdad Norte-Sur, sino también de la desigualdad al interior de cada país donde se vuelve imprescindible bajar el consumo y reducir el poder de decisión de la clase más opulenta. Lo anterior no sólo es técnicamente razonable, sino que es imprescindible para legitimar políticamente a las acciones públicas de mitigación y adaptación a la crisis socio-ambiental.

Todas estas cuestiones son ignoradas por el análisis económico y social convencional que actualmente es hegemónico. En particular, los modelos económicos siguen enfrascados en debates y prácticas que pretenden obtener la tasa máxima de crecimiento del PBI (y uso de recursos y técnicas contaminantes), con lo cual aceleran los procesos que llevan a desestabilizar al sistema Tierra y a los sistemas sociales.

Cuestionar estas racionalidades es central para avanzar con acciones colectivas que frenen y reviertan estas peligrosas tendencias. De lo contrario los daños serán inconmensurables, en gran medida irreversibles y con impactos muy desiguales. Además, la falta de acciones colectivas hace que los sistemas sociales se transformen de forma irracional y atendiendo a intereses de los grupos más poderosos que han lucrado y lucran con la destrucción del medio ambiente.

En estas cuestiones la noción de Estado Eco-Social aparece como una guía para la reorganización de los sistemas sociales atendiendo a los desafíos de la crisis socio-ecológica y los crecientes problemas de desigualdad. El Estado Eco-Social debería comprenderse como una nueva forma de organización social cuyo objetivo prioritario es garantizar, bajo las amenazas de la crisis socio-ambiental, el acceso de las generaciones presentes y futuras, de forma justa y sostenible, a satisfactores de sus necesidades básicas.

Las instituciones y acciones del Estado Eco-Social deberían organizarse en base a dos criterios simultáneos: equidad/justicia y sostenibilidad/suficiencia. Esto apunta a conformar un sistema de políticas públicas y mercados que permita la reproducción de la vida individual y social de forma más igualitaria, atendiendo a las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Este planteo no desconoce los problemas actuales de los Estados nacionales ni tampoco de las organizaciones transnacionales para ejercer liderazgos y coordinar acciones colectivas. Significa asumir que las acciones individuales estimuladas por el deseo de acumulación de riqueza y consumo de grupos opulentos minoritarios son las que aceleran la crisis socio-ambiental y no tienen posibilidad de mitigar y adaptarse a la crisis socio-ecológica.

Teniendo en cuenta lo anterior, las preguntas que guían este trabajo son del tipo: ¿En qué medida se puede prevenir y enfrentar las crecientes catástrofes vinculadas a la crisis socio-ambiental? ¿Cuáles son los límites que coloca el entorno ecológico al funcionamiento de los sistemas económicos y sociales? ¿Cuáles son las probables consecuencias de seguir promoviendo el crecimiento de actividades contaminantes? ¿Qué sentido tiene seguir promoviendo el crecimiento económico y las ganancias de unos pocos a costa del bienestar de las generaciones presentes y futuras, así como de la estabilidad del sistema Tierra? ¿Qué instituciones de política pública deberían promoverse para revertir las actuales tendencias?

En fin, es un llamado urgente a la racionalidad colectiva en un mundo donde sus líderes parecen determinados a destruir la naturaleza y los propios sistemas sociales. También, un llamado a revisar los temas y métodos aplicados para el análisis económico y social de un mundo de vida cada vez más complejo y amenazante.