En estos días, miles de argentinos y argentinas, pero también miles de venezolanos, brasileños y muchos otros compañeros latinoamericanos con ciudadanía italiana están recibiendo por correo los documentos que les permitirán votar en el referéndum constitucional que tendrá lugar en Italia los próximos 22 y 23 de marzo.

En ésta, como en muchas otras ocasiones, la participación de los votantes latinoamericanos es importante para el resultado de la votación. Pero yo diría que en este caso es aún más importante para reforzar los vínculos de una comunidad cultural ampliada que el Gobierno italiano, en los últimos meses, ha intentado debilitar con las recientes restricciones legislativas a la adquisición de la ciudadanía por parte de los descendientes de nuestros migrantes.

El voto reconocido a los italianos en el extranjero es una institución de claro significado político, que pretende subrayar una vez más la continuidad histórico-nacional que une en sus raíces a los hijos y nietos de los emigrantes que abandonaron Italia en tiempos de dura miseria y fragilidad social. Sin embargo, para que este significado político pueda renovarse, es necesario que la participación en la votación sea realmente consciente e informada. Y hay que admitir que esto no siempre es posible cuando no se tiene acceso directo al debate público nacional.

Quizás por eso valga la pena aclarar un poco las cosas, porque en estos días que estoy pasando en Buenos Aires, me doy cuenta, entre una clase y otra, de que las noticias que circulan en torno al referéndum tienden a banalizar y simplificar demasiado esta votación y la reforma que conlleva.

Se vota para reformar la Constitución, de eso no hay duda. Pero no se trata en absoluto, como oigo a menudo, de una intervención puntual sobre algunos aspectos del poder judicial y, desde luego, no se trata de una reforma que apunte simplemente a separar las carreras de los fiscales y los jueces.

Aunque afecta a pocos artículos de la Constitución, se trata de una reforma destinada a modificar profundamente no sólo el sistema del poder judicial, sino también la estructura de la separación de poderes en Italia.

Afirmar, además, que la reforma interviene para impedir que los fiscales pasen a la carrera de jueces y viceversa no solo es reduccionista con respecto al planteamiento de la revisión, sino que también es incorrecto.

Hay que recordar que en Italia nunca ha sido necesaria una reforma constitucional para impedir este paso: prueba de ello es que, desde hace varios años, la ley ya lo impide, salvo en casos excepcionales, tan excepcionales que las estadísticas nos dicen que solo un juez cada dos años pasa de una carrera a otra.

¿Y entonces? ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta reforma? ¿Y por qué los partidarios del «sí» se esfuerzan tanto por ocultarlo?

El texto de la reforma constitucional aprobado por la mayoría que apoya al Gobierno de Meloni socava los pilares de la independencia del poder judicial que los padres fundadores imaginaron para la República Italiana. Lo hace debilitando y desacreditando al poder judicial. Lo hace con la intención de «capturar» el poder judicial para ampliar su margen de discrecionalidad política.

No se trata en absoluto de un escenario nuevo. Al contrario, la deriva antiliberal en la que estamos totalmente sumergidos muestra claramente cómo son precisamente las reformas destinadas a transformar la estructura del poder judicial las primeras en ponerse en marcha, con el fin de liberarse de la idea, propia del constitucionalismo democrático, de que el poder debe estar limitado. Ya ha ocurrido en Polonia, Hungría y México. Se trata de un proceso abierto en Israel, mientras que en los Estados Unidos de Trump se está produciendo un fuerte pulso entre el jefe del Estado y el Tribunal Supremo.

Se va repitiendo que se van a reformar pocos artículos, sin recordar que esta reforma es sólo una de las piezas de un proyecto más amplio de revisión del ordenamiento italiano que también prevé la transformación de la forma de gobierno con la previsión de un aumento desconsiderado de los poderes en manos de un primer ministro solo al mando. Pocos artículos, pero precedidos por una campaña denigrante de fiscales y jueces al estilo del populismo judicial. Sea cual sea el resultado del referéndum, en los próximos meses habrá que asumir la desconfianza hacia la magistratura que han sembrado los partidarios del «sí», poniendo en grave peligro la estabilidad del sistema.

No es de extrañar: se trata, al fin y al cabo, de un texto de reforma fruto de estos tiempos en los que, en nombre de la gobernabilidad, se pretende prescindir de los controles y, en nombre de la soberanía popular, se menosprecia a otros órganos soberanos.

En este sentido debe interpretarse la propuesta de la reforma de sortear los miembros de los órganos de autogobierno e independencia de jueces y fiscales. El sorteo, de hecho, libera al sujeto que asume el cargo de toda responsabilidad ante la asamblea, reafirma la lógica de «uno vale uno» y banaliza la especificidad de la función que se le ha encomendado desempeñar.

Un órgano de independencia sorteado es un órgano inevitablemente más débil, menos capaz de hacer valer sus razones frente al Ejecutivo y de resistir los ataques del poder.

En caso de que se aprobara la reforma y se dividiera definitivamente el orden judicial en Italia, la atracción del Ministerio Público hacia la influencia del Gobierno sería inevitable. No es que esto no ocurra ya en otros países, me dirán ustedes... Si no fuera porque en este caso se trataría de un salto al vacío sin paracaídas. En el caso de los ordenamientos en los que el proyecto constitucional ha previsto un vínculo entre el fiscal y el Ministro de Justicia, el sistema ha sido dotado desde el principio de anticuerpos contra el abuso, tales que protegen la justicia de las interferencias del ejecutivo. No sería el caso de Italia.

En el caso de la reforma italiana, no se dice nada sobre relaciones entre judicial y ejecutivo y todo se deja al azar, con el debido respeto a la comparación.

Soy una constitucionalista que ha hecho del método comparativo su herramienta de trabajo. Sé muy bien lo fácil que es hacer comparaciones erróneas. Por lo tanto, no me sorprenden ni estas estrategias persuasivas ni esos esquemas que veo circular en las redes sociales y que tienen como objetivo demostrar que la actual organización judicial italiana sería comparable a la de países como Turquía e Irán y, como tal, necesitaría un cambio...

Creo que todos somos mucho más inteligentes y atentos de lo que algunos manipuladores políticos quieren hacernos creer. Lo que garantiza la democracia de un país es el Estado de derecho, la separación de poderes y la garantía de los derechos. La República Italiana fue concebida por los constituyentes antifascistas para que nunca más se repitiera que nuestro sistema judicial fuera utilizado por el poder para aplastar a sus ciudadanos. No es precisamente un pensamiento asimilable al de los sistemas autocráticos...

Estoy convencida de que la justicia italiana tiene muchos problemas, pero estos no tienen que ver con la Constitución, sino con décadas de recortes en los fondos destinados a sostener el sistema judicial y penitenciario y con procedimientos que quizá ya no sean adecuados para los tiempos que corren.

Los problemas seguirán existiendo incluso si gana el «sí»: no obstante, aumentará el poder de quienes pretenden abusar del espacio constitucional para apropiarse de él de forma indebida. Quienes pagarán las consecuencias serán los ciudadanos, que se enfrentarán a una justicia cada vez más manipulable y a un sistema cada vez más desequilibrado.

El voto de los italianos en el extranjero acerca generaciones y continentes. Despierta emociones y sentimientos de pertenencia. Pero no olvidemos que, además del aspecto emocional, ese voto conserva un significado y una fuerza política fundamentales. Creo que ninguna convocatoria a votar debe tomarse a la ligera. No nos conformemos con eslóganes: sintámonos verdaderamente ciudadanos italianos votando con conciencia, conscientes de que esta vez está en juego la estabilidad de nuestra Constitución italiana antifascista.