Me gustaría pensar que algo va cambiando poco a poco. Que de un tiempo para acá la reflexión respecto a la enseñanza y el aprendizaje del Derecho en nuestras regiones avanza y se amplía de manera progresiva. Que hemos comenzado, al menos, a incomodarnos con ciertas inercias que durante décadas se han asumido como naturales. Que ya no resulta tan sencillo sostener sin matices la centralidad de la memorización o el formalismo que, aunque funcionales en otros contextos, hoy parecen insuficientes para explicar —y mucho menos para transformar— la complejidad de los problemas que hoy aquejan a nuestros entornos.

Me gustaría pensar, también, que algo se ha movido en la sensibilidad de quienes enseñan y de quienes aprenden esta disciplina. Que hay una disposición creciente a interrogar el lugar del Derecho en sociedades atravesadas por desigualdades persistentes y por instituciones cuya legitimidad se encuentra cada vez más erosionada. Que el aula, en algunos espacios, ha dejado de ser únicamente un lugar de transmisión para convertirse en un espacio de duda y de apertura hacia otras formas de comprender el fenómeno jurídico.

Sin embargo, ese aparente avance —si es que puede llamarse así— se presenta, por lo general, de manera fragmentaria, dispersa y, en no pocas ocasiones, superficial. Convive sin demasiada fricción con prácticas históricas profundamente arraigadas que continúan privilegiando repetición sobre comprensión y autoridad sobre la argumentación. Se trata de formas de entender el Derecho que se reproducen en los planes de estudio que premian la acumulación de información por encima de la capacidad de problematizarla. Y más cuando avances como el uso irrestricto de la inteligencia artificial, prácticamente, ha dejado sin justificación dicho modelo.

De ahí que la sensación de cambio resulte inevitablemente ambivalente. Esa palabra que condensa una experiencia dual, incluso contradictoria. Y es que, por un lado, es posible identificar esfuerzos aislados, experiencias docentes más abiertas, ciertos desplazamientos en el lenguaje y en las preocupaciones que comienzan a incorporar categorías como desigualdad, pobreza, contexto o responsabilidad. Pero, por otro, esos indicios no alcanzan a trastocar de manera significativa las estructuras que organizan la formación jurídica al persistir jerarquías rígidas, modelos de enseñanza anacrónicos, una desconexión persistente entre el aula y los problemas sociales que el Derecho pretende regular, y una idea del saber jurídico como un conjunto aislado de respuestas siempre correctas.

Así, los discursos parecen renovarse con mayor rapidez que las prácticas. Se habla cada vez más de pensamiento crítico, de interdisciplinariedad o de compromiso social, pero en el día a día de las aulas y de las instituciones esos principios suelen diluirse. El resultado es una especie de coexistencia incómoda entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace, entre la aspiración de formar juristas capaces de intervenir en realidades complejas y la persistencia de esquemas formativos que difícilmente permiten desarrollar esas capacidades.

En un intento por llevar estas reflexiones e inquietudes a públicos no exclusivamente jurídicos, en 2023 publiqué un libro de divulgación titulado No estudies derecho.¹ La invitación es literal y no requiere demasiadas vueltas, aunque en un sentido más profundo supone no estudiar el Derecho tal como se ha enseñado y reproducido hasta ahora. El libro se compone de una parte crítica y otra propositiva, en la que para cada uno de los problemas identificados planteo alternativas concretas orientadas a repensar la formación jurídica y el ejercicio profesional desde criterios de responsabilidad, rigor y sentido público. Su propósito no es otro que seguir llamando la atención sobre el tipo de juristas que estamos formando y el papel que estos desempeñan en el marco de una democracia constitucional. A partir de su publicación he podido atestiguar conversaciones y reelaboraciones que, como autor, podría celebrar, pero como parte del problema, es decir, como integrante del mismo campo profesional, me cuesta vislumbrar un impacto sostenido capaz de traducirse en cambios estructurales en la formación jurídica, más aún en un contexto en el que el modelo democrático constitucional ha entrado en crisis y ya no funciona como horizonte compartido desde el cual ordenar la enseñanza y la práctica del Derecho.

Porque la relación entre el modelo democrático constitucional y la universidad es concomitante. La universidad, en particular las facultades de Derecho, incide en la forma en que se comprende la autoridad, la legalidad y los límites del poder. Ahí se configuran marcos de interpretación que orientan la vida pública. Cuando ese modelo entra en crisis, se debilita el sentido de la formación jurídica y se desdibuja su función como espacio de orientación crítica. De ahí que la enseñanza del Derecho pierde densidad pública y se repliega hacia registros técnicos. El saber jurídico se presenta como un conjunto de herramientas disponibles sin un anclaje claro en ideales de igualdad o de control del poder.

Pienso que lo que hoy se requiere es asumir que la formación de juristas es un problema político, social y moral de primer orden. Lo que hoy se requiere, en consecuencia, es tomarse en serio a quienes enseñan el Derecho, dejar de ver la docencia como un apéndice de la práctica profesional, como un favor o un acto de prestigio, y reconocerla como una forma central del ejercicio de la profesión jurídica. Mientras la enseñanza siga ocupada por profesores definidos casi exclusivamente por su éxito como abogados —y no por su capacidad para formar— se perpetuará la ficción de que basta saber Derecho para saber enseñarlo.

Esto significa decidir si queremos seguir produciendo operadores capaces de adaptarse a cualquier régimen o comenzar a formar profesionales con criterio, responsabilidad y capacidad de comprender la fragilidad institucional en la que actúan.

Significa aceptar que sin una transformación profunda de la educación jurídica, cualquier cambio político o reforma de índole jurídica, por ambiciosa que sea, quedará inevitablemente incompleta.

Por eso lo que hace falta es una conversación pública que se tome en serio este tema. Que lo saque de los márgenes y lo coloque en el centro de la discusión sobre qué tipo de justicia y qué tipo de país se quiere construir. Sin esa conversación, seguiremos modificando estructuras mientras dejamos intacto el lugar donde se forman quienes habrán de accionarlas. Y ese es el gran problema, que se pretende cambiar el Derecho sin cambiar a las personas que lo aprenden, lo enseñan y lo ejercen. Todo eso o tal vez, pero solo tal vez, será necesario tomarse el título del libro que escribí en su literalidad y entender que ya no hay que estudiar Derecho, que este ya no responde a las condiciones ni a las exigencias del mundo en el que pretende operar y, por ende, insistir en su enseñanza bajo esos mismos parámetros solo prolonga un problema que difícilmente se resolverá. No es nihilismo ni catastrofismo; es, más bien, una constatación incómoda sobre los límites de un modelo que se resiste a revisarse y que sigue produciendo más de lo mismo en contextos que ya no admiten esas respuestas.